SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1526/2011-R

Los accionantes alegan que las autoridades demandadas vulneraron los derechos y garantías jurisdiccionales a la “supremacía constitucional, a la seguridad jurídica, a la irretroactividad de la ley” y el principio de legalidad; dado que, mediante una Resolución de Directorio, la Aduana Nacional modificó los tributos a cancelarse para el caso de importaciones de vehículos usados, triplicando el monto anterior a su emisión, contraponiéndose a la normativa nacional e internacional que rige en la materia, invirtiendo íntegramente la Técnica de Valoración Aduanera establecida por la OMC. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.