SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1665/2011-R

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a ejercer una función pública, a la petición, al trabajo, a la vacación y a la “seguridad jurídica”, por cuanto la autoridad demandada, le estaría obligando a tomar por el tiempo de sesenta días una vacación que no le corresponde, pues ese tiempo es para funcionarios que exceden la antigüedad de diez años y él sólo tiene cinco; le computan la vacación de dos gestiones, en las que practicante estuvo suspendido; y, en caso de que fuera evidente que le corresponden dichas vacaciones, éstas ya se encontrarían prescritas, al no poder ser acumuladas; situación provocada que podrá devenir en su propia destitución si es que asume la vacación impuesta, además que si está siendo obligado es porque se tiene la intención de que será retirado posteriormente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.