SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1683/2011-R

                   Al respecto, de manera reiterada este Tribunal Constitucional ha señalado que la acción de amparo constitucional, está instituida como un medio extraordinario encaminado a restablecer y proteger el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que hayan sido lesionados ilegalmente, a través de acciones u omisiones indebidas cometidas por cualquier autoridad, funcionario o persona individual o colectiva; y, en cuanto a su desarrollo procesal, el art. 97.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), estableció como requisito de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, indicar el nombre y domicilio de la parte recurrida, hoy demandada, o de su representante legal, con el fin de identificar con exactitud al o a los demandados, aspecto que posibilita dar a conocer quién o quiénes son los sujetos, que el accionante considera lesionaron sus derechos o garantías constitucionales; es decir, establecer la legitimación pasiva de la parte demandada. De no darse esa situación o no cumplirse el requisito, no es posible ingresar al análisis de fondo, sino denegar la tutela solicitada.