SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1751/2011-R

         Corresponde adentrarnos en el caso de autos, en el cual Aldo Clavijo Viruez, Alcalde Municipal de Puerto Quijarro alega la vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, por cuanto dentro de los proceso de delimitación territorial, la contra parte (Alcaldía de Puerto Suárez) planteó recusación contra el Gobernador, Rubén Armando Costas Aguilera, en base a una causal no prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo. Añade que con la remisión de la recusación al Viceministerio de Organización Territorial, no le notificaron además que cuando la Viceministra demandada declaró legal la recusación planteada y ordenó que los procesos de delimitación territorial sean enviados a la Gobernación del departamento de Cochabamba para su substanciación, no especificó si asumió tal determinación en base a la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar o la Ley de Procedimiento Administrativo.