SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1965/2011-R

         Los plazos procesales señalados en el Código de Procedimiento Penal, deben ser cumplidos de manera estricta y sin ninguna dilación por parte de las autoridades jurisdiccionales y fiscales, al encontrarse de por medio el derecho fundamental a la libertad, que compele a dichas autoridades a imprimir la mayor celeridad posible en sus actuaciones. Así lo precisa el fallo constitucional citado precedentemente, que reiteró lo establecido por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, al referir: “'…debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la física está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a ley no es ilegal; siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud””.