SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1979/2011-R
Fecha: 07-Dic-2011
III.2.1. Respecto a la subsidiariedad
La jurisdicción constitucional, mediante su jurisprudencia, estableció los principios configuradores del amparo constitucional, que en diferente medida fueron aplicados también para otras acciones tutelares, sin embargo, en el caso particular de la acción popular, la ya citada SC 1018/2011-R de 22 de junio, estableció lo que sigue:
“La Constitución Política del Estado señala en el art. 136.I que 'La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que puede existir'.
Conforme a ello, debe dejarse claramente establecido que la acción popular no está regida por el principio de subsidiariedad, lo que significa que es posible la presentación directa de esta acción sin que sea exigible agotar la vía judicial o administrativa que pudiere existir para la restitución de los derechos presuntamente lesionados.
Este acápite claramente manifiesta que la subsidiariedad no es aplicable para la acción popular, es decir que tal requisito no es exigible para el accionante lo que lo habilita para que éste presente de manera directa, sin agotar proceso previo alguno de ninguna naturaleza esta acción tutelar, característica que la hace propia e inherente de la misma.
- acción popular
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la naturaleza jurídica y el objeto de la acción popular
- Esta nueva concepción está presente en la Constitución Política del Estado, que desde el art. 1, diseña un modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, lo que implica el reconocimiento tanto de derechos liberales, sociales, pero también de derechos colectivos y difusos; en ese entendido, bajo el nuevo modelo y desde una concepción integral, los derechos liberales, sociales, económicos y culturales se articulan con los colectivos y difusos, reconociendo el carácter interdependiente y progresivo de los derechos, conforme sostiene el art. 13.I de la CPE del Estado;
- 1) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, 3) Restitutoria, por cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior.
- III.2.1. Respecto a la subsidiariedad
- III.2.2. Respecto al principio de inmediatez
- III.2.3. Ámbito de protección
- procede contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado.
- Los intereses colectivos y los difusos tienen varias similitudes: En ambos existe una pluralidad de personas y tienen como características el ser transindividuales e indivisibles, debido a que los intereses incumben a una colectividad y la lesión o satisfacción de uno de los interesados incumbe a los demás;
- La suma de intereses individuales configura la llamada acción de grupo.
- b. La protección de los derechos e intereses colectivos y difusos en nuestra Constitución Política del Estado
- III.2.4. Legitimación activa
- III.2.5. Legitimación pasiva
- III.2.6. Terceros interesados
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR