SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0061/2011-R

Consecuente bajo ese entendimiento, la aludida Sentencia Constitucional, concluyó confirmando lo siguiente: “…En ese mismo razonamiento, a través de la SC 36/2007-R de 31 de enero, que a su vez se basó en lo establecido en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, se determinó que, se considera persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: '1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley'…” (negrillas añadidas).

Del mismo modo -respecto al procesamiento indebido o ilegal-, cuando las actuaciones jurisdiccionales no cuenten con asidero formal ni material y configuren una lesión al debido proceso, que es considerado el centro en el que convergen y dimanan todas las garantías procesales y derechos fundamentales, como:“…un instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia” (SSCC 0014/2010-R, 0068/2010-R, entre otras)-; se infiere -por tanto-, que el debido proceso implica una serie de derechos fundamentales subjetivos conferidos a las partes para que -en igualdad de condiciones y oportunidades- posibiliten la eficacia de su pretensión dentro del proceso.

De ese modo, la jurisprudencia constitucional delimitó los alcances de la tutela otorgada por la acción de libertad, cuando se alega procesamiento y persecución ilegales o indebidos, bajo los siguientes términos: “…en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, este Tribunal señaló: 'Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad'(…)