SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0429/2011-R

En septiembre de 2008, las familias que conforman la Organización del Pueblo Indígena  Mosetén (OPIM) a su vez miembro de la Central de Pueblos Indigenas de La Paz (CPILAP)  conjuntamente sus hermanos amazónicos Tacanas, Esse Ejja, t'simane y Leco, cuyo territorio se halla en el departamento de La Paz, se anoticiaron sobre la llegada de una empresa petrolera a solicitud de sus bases, la CPILAB de la cual forman parte, confirmaron que el gobierno creó la empresa “YPFB Petroandina-SAM” para realizar trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos definida por el gobierno a través de decretos supremos, trabajo al cual no se opusieron, únicamente exigieron se cumpla  con los procedimientos legales, como es el derecho a la consulta previa, que fueron exigiendo entre enero y junio de ese año; sin embargo, mientras esperaban esa respuesta, Lourdes Calla, funcionaria del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, responsable de la consulta, ingresó sin su autorización ni la de presidencia de la OPIM, atropellando su autonomía, territorialidad y autodeterminación.

Refieren que, verdaderamente algunos caciques y familias los recibieron dejándose sorprender en su inocencia, firmando actas o documentos que desconocen, en conocimiento además que el propio Ministerio de Hidrocarburos y Energía, costeó gastos para reuniones, sin que exista claridad o respaldo legal para esos contratos, proceder abusivo, por cuanto de los ocho caciques comunales, cuatro suscribieron algún documento cuyo contenido desconocen; alegan que tampoco se respetó el Decreto Supremo (DS) 29033 que refiere al Reglamento de Consulta y Participación obtenido de manera conjunta entre organizaciones indígenas y autoridades del gobierno. Las actas o firmas de apoyo al proyecto no demuestran que se cumplió con la ley, contrariamente son la prueba  de la división del pueblo Mosetén, lo que afectó la seguridad personal.

Señalan que, en los últimos meses recibieron presión de otros caciques comprometidos con el gobierno y prueba de ello, fue la reciente conferencia de prensa ofrecida por tres caciques en la Prefectura del departamento de La Paz con el objeto de avalar  las gestiones desarrolladas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, atacando a dirigentes de estructuras superiores como las OPIM, CPILAB y la CIDOB; por otro lado,  en circunstancias del ingreso de la empresa “Geokinetics” a la comunidad Mosetén denominada Simay, el 15 de julio de ese año, surgió una discusión con comunarios de la colonia Tucupi y de otros asentamientos de colonos, donde después de una larga discusión con ellos fueron amenazados con aplicarles justicia comunitaria, situación que casi enfrentó a mosetenes con colonizadores.       

Continúan refiriendo que, en ocasión de la realización de la reunión de caciques de la OPIM, caciques que tienen algún acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y la empresa “YPFB Petroandina SAM”, pretendieron el desconocimiento a sus organizaciones y siendo que el Presidente de la OPIM, representa a ocho comunidades, nuevamente fue presionado para que estampe su firma y coloque el sello de su organización y comprometerlo a que efectue declaraciones a favor del proyecto bajo amenaza de aplicarle la justicia comunitaria, expulsión de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y tomar bienes de la organización.

Alegan que, el Presidente de la OPIM, encontrándose en la ciudad de La Paz, fue buscado por personas desconocidas solicitando información acerca de él, sin lograr su objetivo, motivo por el cual se declaró en la clandestinidad hasta lograr las debidas garantías para su vida y seguridad personal; muestra de la tensión en la que han sido sometidos por intereses político económicos que les imponen.