ENTENCIA CONSTITUCIONAL 0989/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
1)
Carola Maritza Prado Delgadillo, Jueza Quinta de Partido de Familia del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 28 y vta., de obrados, argumentó lo siguiente: 1) El proceso de divorcio fue presentado por Ana María Rosmery Ortuño contra el accionante el 3 de enero de 2003; durante la sustanciación del proceso y conforme lo dispuesto por el art. 389 del Código de Familia (CF), se aprobó el documento transaccional de 20 de julio de 1999, en el que las partes convienen como asignación familiar la suma de Bs600.- mensuales a favor de sus tres hijos menores; 2) Posteriormente se realizó la liquidación de asistencia familiar por los montos que no fueron cancelados por el accionante, en tal sentido se dictó la Sentencia el 28 de septiembre de 2005, que declaró improbada la acción, actuados tramitados por el anterior juzgador; sin embargo, el que se haya declarado improbada la demanda no es causal para que el accionante se exima de la responsabilidad que tiene a favor de sus hijos, toda vez que la asistencia familiar se encuentra consolidada a favor de los menores; y, 3) Hizo conocer mediante notificación las liquidaciones hasta el momento en el que dictó la Sentencia, correspondiente al incumplimiento de la cancelación del monto de asistencia familiar, por lo que al no cumplir con lo establecido se procedió a emitir el mandamiento de apremio.
- I.1.1. Hechos que la motivan
- 1)
- “improcedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.3.
- II.4
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la necesidad de cambiar el requisito de homologación en un acuerdo transaccional en asistencia familiar dentro de la jurisprudencia constitucional
- . En consecuencia, el pago de la asistencia familiar puede exigirse cuando la pensión ha sido demandada y fijada por la autoridad competente dentro de un proceso de fijación de asistencia familiar o cuando ésta ha sido debidamente homologada con plena jurisdicción y competencia por el juez de la materia”
- interpretación favorable a los derechos de la Ley fundamental
- la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles
- el propio Estado se arroga un deber ineludible, que consiste en garantizar la prioridad de los intereses de los niños (as) y adolescentes, estableciendo claramente la preeminencia de sus derechos,
- III.1.1. Sobre el derecho al debido proceso
- el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo,
- III.2. Análisis del caso denunciado
- APROBAR