SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1006/2011-R

Por memorial presentado el 12 de marzo de 2010, cursante de fs. 17 a 28 vta. de obrados, los accionantes manifiestan que el 1 de marzo del mismo año, dejaron en su domicilio una citación policial dirigida a Doris Arias Alpire, donde le impetraban asistir a una supuesta conciliación a llevarse a cabo el día 3 de marzo del mencionado año, juntamente con Luisa Putaré Molina; empero, dicha citación no estaba vinculada a ningún proceso de índole jurisdiccional, ni tampoco contaba con la intervención del Ministerio Público, toda vez que la Ley de Conciliación y Arbitraje en sus arts. 1 y 2.1, señala que: “la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos voluntaria, siendo facultad potestativa el acogerse de forma libre a la misma o no”, y por su condición precaria económica no pudo valerse de contratar una tercera persona para que lleve a su nieta de un año al hospital, por el cuadro clínico de neumonía que presentó desde el 28 de febrero de 2010; por lo que, no asistió a la voluntaria audiencia de conciliación extrajurisdiccional convocada por la policía. De la misma manera considera que nunca cometió ilícito alguno y en virtud a la prioridad de la salud de su nieta, consideró innecesaria su asistencia a dicha audiencia, además de no tener porque acudir a conciliar situaciones elucubradas y de índole puramente personal ante la policía.

El 7 de marzo de 2010, mientras la accionante continuaba velando por el bienestar de su nieta en el centro de atención, así como realizando sus labores cotidianas, llegó a su domicilio ubicado en el barrio el Dorado Norte, calle 10 de febrero, manzana 23, vivienda s/n, una camioneta Toyota Land Cruiser Policial, de color blanco con franja verde olivo y focos de sirena, de la cual bajaron cinco oficiales de policía,  entre los cuales estaba Guillermo Condorena Chiara, el mismo que les indicó a su hija Gloria Ardaya Arias y a Marina Justiniano Soliz, que se encontraban en busca de la accionante, porque tenían un mandamiento de aprehensión en su contra, por lo que, le exigieron a su hija que les dijera donde estaba, que la próxima vez iba ser peor, porque allanarían y le agarrarían donde esté;  se percataron que en la cabina de la camioneta se encontraba María Luisa Putaré Molina. Sin embargo, al ver que no se encontraba la accionante,  dejaron una nueva citación policial extrajudicial,  para que se presente al día siguiente - 8 de marzo de 2010 a horas 9:00-, indicando que si no se presentaba iba a ser aprehendida.

Por lo acontecido, la accionante señala que no solamente atemorizaron a su familia, sino también teme por su libertad, su vida y su integridad física, pero tuvo que continuar con la asistencia médica de su nieta; por lo que, no se presentó a la extrajudicial audiencia de conciliación a la que fue citada, a ese efecto la policía reaccionó ilegalmente, configurando la persecución indebida e incluso acciones delictivas.

Aproximadamente a horas 11:00 del 8 de marzo de 2010, su vecina Marianela Roca Siles le comentó lo que observó ante su ausencia, pues, se percató de lo siguiente; “llegó a la puerta de su domicilio un vehículo particular tipo vagoneta, color azul, alta, sin placa visible, de la cual descendieron dos oficiales de policía, en uniforme verde olivo y con gorras negras, con la signatura FELCC en bordado amarillo en la parte frontal, los cuales sin permiso alguno y violentado el cerrado de su precaria verja de alambre de púas, ingresaron a su domicilio, en el cual no se encontraba nadie, entraron en los dormitorios y permanecieron allí por aproximadamente 10 minutos” (sic); empero, el hostigamiento no cesó allí, puesto que a horas 22:30 del 8 de marzo del mismo año,  María Luisa Putaré Molina, se presentó en su domicilio y dejó una citación policial para José Carlos Ardaya Arias, la misma que carecía de timbres de Ley del Ministerio Público, en la cual refiere que Franz Marcelo Yujra Paucara, en su calidad de Director de la FELCC de la Pampa de la Isla, ordena realizar citación al supuesto funcionario investigador, asignado a un supuesto caso, cuyo número no se consignó, pero tenía que presentarse ante el Sargento René Porcel Añez, en dependencias de la FELCC, con el objeto de prestar una supuesta declaración informativa policial y otorgar garantías constitucionales a la víctima; sin embargo, no señaló que tipo de proceso era, se llevó a cabo sin participación ni firma del Ministerio Público, no se especificó el supuesto delito del que lo acusan, y no abrieron un proceso penal en contra suya, no hubo control jurisdiccional, así mismo, refiere que fue una citación fraguada, puesto que en caso de no haber comparecido y no justifique impedimento legítimo le dijeron que se libraría una orden de aprehensión.

En virtud a esta persecución ilegal e indebida, realizaron las correspondientes verificaciones en el sistema IANUS y demás, donde se pudo constatar que no existe proceso penal u otro vigente en contra de los accionantes, ni tampoco denuncia delictiva formal; por lo que, los mismos se encuentran alejados de su casa, en resguardo de su libertad y sobretodo su vida, ya que se encuentran perseguidos ilegalmente.