SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1044/2011-R

Cabe precisar que la acción de amparo constitucional, constituye una garantía constitucional contra los actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución o la ley, siendo uno de sus requisitos para su procedencia, que el accionante cuente con la legitimación activa que exige el art. 129.I de la CPE, que expresamente señala: “La acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras).

Con relación a la legitimación activa para interponer el amparo constitucional, este Tribunal en la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, ha señalado que: “Siendo la regla de que el recurrente sea la persona agraviada que haya sufrido un perjuicio moral o material con el acto u omisión denunciado de ilegal, es obvio que la persona que plantee el amparo constitucional sea la agraviada directamente que es la que está legitimada activamente para interponer la acción de amparo, legitimación activa que ha sido definida por este Tribunal en SC 0134/2002-R, como aquella que: '...corresponde al afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna'. Siguiendo ese entendimiento, la SC 0468/2006-R de 16 de mayo, señaló: (…): 'El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente…'”.