Sentencia: 0454/2011-R

El art. 89.I de la LTC determina que “Cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…” con el objeto de presentar la acción de libertad. Conforme a dicha norma, es posible analizar otras lesiones a derechos que tengan conexión con el derecho a la libertad física.

En el caso analizado, los accionantes denunciaron en audiencia que no se dejó  recoger el cadáver del que fuera su representado, lo que evidentemente se constituye en un hecho conexo al derecho a la libertad física del agraviado, que debe ser protegido por la acción de libertad; pues el hecho denunciado se constituye en una consecuencia relacional de la supuesta lesión al derecho a la libertad física, no siendo inusual que en los nosocomios, tras la retención del paciente, también se retenga el cadáver, con el propósito de garantizar el pago de los gastos hospitalarios.

Si bien podría objetarse -erróneamente- que en este caso ya no se estarían lesionando los derechos del representado de los accionantes porque éste ya no se encuentra con vida, y, por tanto no puede ser titular de derecho -criterio no compartido, conforme se expresó en líneas precedentes-; empero debe considerarse que con dicho acto ilegal podrían lesionarse los derechos a la intimidad y libertad religiosa de los familiares del que fuera representado de los accionantes recurrentes; derechos que, se repite, se encuentran directamente vinculados con el acto motivante de la acción de libertad, misma que, por mandato constitucional y legal, no requiere de mandato expreso para su interposición, por lo que los accionantes, podrían perfectamente reclamar la lesión de este su derecho. En un caso similar, el Tribunal Constitucional peruano, luego de afirmar que los difuntos no pueden ser titulares de derechos fundamentales, consideró “una dramática solicitud de tutela de los derechos constitucionales de los familiares del occiso, derechos cuyo ejercicio pudo ser conculcado con el impedimento de velar y enterrar el cuerpo de su pariente por determinados funcionarios del “Hospital Dos de Mayo” (Sentencia de 21 de abril de 2005, correspondiente al expediente N° 0256-2003-HC/TC).