SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1167/2011-R

Asimismo, la Sentencia Constitucional indicada, estableció entre las situaciones que se consideran como actos dilatorios en la tramitación de la cesación de la detención preventiva, aquellos casos en que: ”a) En lugar de fijar directamente fecha y hora de audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley;  b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente ha momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad…” (las negrillas son nuestras).

Con relación a los jueces que se consideren incompetentes para conocer una solicitud de cesación de la detención preventiva, el Tribunal Constitucional en la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre, estableció: “En el mismo sentido, tratándose de solicitudes de cesación de la detención preventiva, la jurisprudencia también ha establecido que el Juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver esas solicitudes no obstante haberse presentado acusación, conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: