SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1618/2012
Fecha: 01-Oct-2012
El control de la investigación
Del ordenamiento jurídico, el Juez de Instrucción en lo Penal es la autoridad prevista para ejercer control sobre la investigación, así el art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que son competentes para: “El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código” (las negrillas son nuestras), aspecto concordante con lo prescrito por el art. 5 del mismo Código adjetivo, que dispone: “El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización” (el resaltado es añadido).
Es decir, el legislador ordinario previó en la ley procesal en materia penal una autoridad y mecanismos efectivos para la tutela de la libertad, de donde se extrae claramente que debe necesariamente acudirse a la instancia que es la llamada por ley para la tutela de los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos reconocen a los procesados el derecho a la libertad.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.3.
- 1)
- III.1. Las partes procesales de una acción tutelar están obligadas por los entendimientos contenidos en las resoluciones judiciales que las resuelven
- El control de la investigación
- únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus
- todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor
- en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación
- i)
- salvo mejor proveer de la autoridad jurisdiccional requiriente
- CONFIRMAR