SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1618/2012

El art. 203 de la CPE, establece que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, de donde se extrae que cuando existe una resolución constitucional que haya resuelto el fondo de una problemática no puede interponerse otra demanda constitucional bajo los mismos supuestos para intentar sorprender la buena fe del máximo órgano de control de constitucionalidad.

En este sentido la SC 0252/2004-R de 20 de febrero, refirió que: “Conforme al entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional (SC) 1347/2003-R, de 16 de septiembre, toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo o hábeas corpus (…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, en forma simultánea o estando el primero en trámite sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho sino que constituye un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”; y la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, sostuvo que: ”…cuando este Tribunal conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), (…) este Tribunal, (…) está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos…”.

Ahora bien, cuando una sentencia constitucional indica la vía procesal a la que la parte puede acudir para hacer valer sus derechos, siempre y cuando las circunstancias y supuestos fácticos no variaron, no resulta lógico intentar nuevamente la misma vía procesal que anteriormente se rechazó sino la que le fue señalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, pues lo contrario implicaría desconocer el efecto obligatorio de las resoluciones constitucionales.