SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1618/2012
Fecha: 01-Oct-2012
salvo mejor proveer de la autoridad jurisdiccional requiriente
Respecto a que si bien el Juez demandado, emitió Auto fundamentado declinando competencia al Juez de Instrucción Mixto y cautelar de Concepción, pero en lugar de ordenar su traslado ante la autoridad competente para que resuelva su situación legal, ordenó su traslado al recinto penitenciario de “Palmasola”, el Juez hoy demandado sostuvo en su resolución “…asimismo a emergencia de la determinación antes asumida y como quiera que el nombrado imputado se encuentra con detención preventiva en el penal San Sebastián de este departamento, con la facultad conferida por el art. 238 del CPP, se ORDENA el TRASLADO del imputado Robin Oscar Justiniano Meruvia al penal de “Palmasola” de la ciudad de Santa Cruz, salvo mejor proveer de la autoridad jurisdiccional requiriente…” (el resaltado nos corresponde), de donde se extrae que conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, correspondía al accionante acudir al juez de instrucción en lo penal competente para solicitar en su caso la modificación de la medida cautelar impuesta contra su persona, pero no de forma directa a la justicia constitucional.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.3.
- 1)
- III.1. Las partes procesales de una acción tutelar están obligadas por los entendimientos contenidos en las resoluciones judiciales que las resuelven
- El control de la investigación
- únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus
- todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor
- en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación
- i)
- salvo mejor proveer de la autoridad jurisdiccional requiriente
- CONFIRMAR