SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1945/2012
Fecha: 12-Oct-2012
concedió
La Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 32/2010 de 24 de agosto, cursante de fs. 230 a 236 vta., concedió la acción de amparo constitucional y determinada la nulidad del Auto de Vista 124/2010 y 48/2010. En base a los siguientes fundamentos: a) Las autoridades demandadas al revocar la Resolución 130/2010, lo han hecho con argumentos que no fueron reclamados ni señalados por los apelantes y desconociendo la doctrina referida a la prejudicialidad, que establece la posibilidad de paralizar temporalmente un proceso penal, cuando a través de otro proceso extrapenal se pueda determinar o no la existencia de los elementos constitutivos de algún tipo penal; y, b) No se ha aplicado objetivamente los arts. 404 y 409 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo que en criterio de los Vocales, afecta al debido proceso, al derecho a la defensa y a la “seguridad jurídica”, sobre todo tomando en cuenta que el recurso de apelación, conforme lo señala la doctrina del derecho penal y el propio procedimiento, tiene que referirse exclusivamente a los puntos que han sido objeto de los agravios expuestos por la parte apelante, en ese caso, el Tribunal tiene que resolver el asunto ciñéndose, sobre todo a los aspectos que han sido tomados en cuenta y fundamentados por los personeros legales del Ministerio de Defensa y no ir más allá, porque el procedimiento penal, la doctrina del Tribunal Constitucional y la doctrina del derecho procesal penal, así lo imponen.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- Fragmento 7
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica del debido proceso
- es decir, el accionante que accede reclamando justicia y el demandado que asume defensa; a la vez, es un principio, que involucra la igualdad de las partes y garantiza la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se estrechen estrictamente a reglas formales'”
- debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, obteniendo las partes certeza de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador,
- una debida motivación es aquella resolución concisa, clara que integre todos los puntos demandados, debiendo la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa indicar, las razones que justifiquen su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas legales que sustentan la parte dispositiva de la resolución”
- III.3. Principio de congruencia en las resoluciones
- no es posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionados respecto de la Resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es resolver justamente los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir”
- III.4. Del triple dimensionamiento del debido proceso
- derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad», a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica» como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: «la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo»'.
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR