SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1945/2012
Fecha: 12-Oct-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Manifestó que el 22 de enero de 2007, el Comando de Ingeniería del Ejercito en su condición de comprador y Luís Demetrio Calbimonte Vacaflores, en representación de la empresa “INTENSUS LATINOAMERICANA” S.R.L., como proveedora, suscribieron un contrato de compra y venta, de 2500 t de cemento asfáltico, por el precio de $us528.- (quinientos veintiocho dólares estadounidenses) la tonelada, entre la firma del contrato y la ejecución de la obra, se produjo un alza de 130% del precio del petróleo a nivel internacional, lo que ocasiono que sus derivados, entre ellos el asfalto, subiera de precio, lo que impidió que la empresa cumpliera con la totalidad del contrato, situación que oportunamente fue puesta a conocimiento del Comando de Ingeniería del Ejercito, mediante notas mensuales; además, que el Gobierno Central emitió los Decretos Supremos (DS) 29603 de 11 de junio de 2008 y 29659 de 30 de julio del mismo año, que facultaban a las instituciones estatales, ampliar el plazo máximo de ciento cincuenta días para efectuar contratos modificatorios por variación de precios unitarios.
El 5 de noviembre de 2008, el Comandante de Ingeniería del Ejército, realizó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de contrato con el Estado y estafa contra Luís Demetrio Calbimonte Vacaflores, representante legal de la empresa “INTENSUS LATINOAMERICANA” S.R.L., manifestando que sólo entregaron 1244 t de cemento asfáltico, el 20 de febrero de 2009, los representantes del Ministerio de Defensa Nacional, interpusieron denuncia contra Mario Merino Revollo y Jorge Luís Candia Camacho, Director General Ejecutivo y Asesor Legal, respectivamente, del Comando de Ingeniería del Ejército, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El 12 de noviembre de 2009, el Fiscal asignado al caso, mediante Resolución 16/09 presentó imputación formal ante el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal; el 11 de diciembre de ese mismo año, Luís Demetrio Calbimonte Vacaflores, opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, referidas a incompetencia en razón de materia y prejudicialidad, argumentando que el contrato es de carácter civil y comercial y que se suscribió en aplicación del art. 519 del Código Civil (CC); asimismo, hizo referencia, probando de manera objetiva la existencia de un proceso civil ordinario, de resolución de contrato por excesiva onerosidad, radicado en el Juzgado Décimo Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, en el que se trabó la relación procesal; posteriormente, por Auto 130/2010 de 6 de abril, de consideración de excepciones, se dispuso rechazar la excepción de incompetencia en razón de materia y probada la excepción de prejudicialidad, por lo que, el referido Auto fue apelado por ambas partes, disponiendo la Sala Penal Tercera, por Resolución 124/2010 de 26 de mayo, declarar improcedente los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por el mandante del accionante y confirmó el Auto 130/2010, en lo relativo a la excepción de incompetencia por razón de materia y procedente los fundamentos del recurso de apelación incidental, presentado por el Ministerio de Defensa, representado por Juan Carlos Enrique Salinas Valcárcel, Jaime Ramiro Vargas Santi, Carlos Pérez Aquize y Wilson Espejo Ossio y en consecuencia revocó la referida Resolución, en la parte que declaraba probada la excepción de prejudicialidad.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- Fragmento 7
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica del debido proceso
- es decir, el accionante que accede reclamando justicia y el demandado que asume defensa; a la vez, es un principio, que involucra la igualdad de las partes y garantiza la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se estrechen estrictamente a reglas formales'”
- debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, obteniendo las partes certeza de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador,
- una debida motivación es aquella resolución concisa, clara que integre todos los puntos demandados, debiendo la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa indicar, las razones que justifiquen su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas legales que sustentan la parte dispositiva de la resolución”
- III.3. Principio de congruencia en las resoluciones
- no es posible pronunciarse sobre situaciones no cuestionados respecto de la Resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es resolver justamente los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir”
- III.4. Del triple dimensionamiento del debido proceso
- derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: «A la vida, la salud y la seguridad», a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del «derecho a la seguridad jurídica» como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: «la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo»'.
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR