SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1955/2012

Ahora bien, considerando que el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de su refundación ha consolidado el modelo de Estado Constitucional de Derecho, velando por el acceso irrestricto a la justicia, así como por el principio de justicia material, la línea jurisprudencial precedentemente señalada es modulada por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, flexibilizando los presupuestos procesales constitucionales, que prima facie debe cumplir todo quien acuda a la jurisdicción constitucional y pretenda tutela de sus derechos, cuando los mismos hubieran sido restringidos o suprimidos por vías de hecho o por la toma de la justicia a mano propia, estableciendo lo siguiente: “i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” (las negrillas son agregadas).

           En ese sentido, para que proceda la protección que brinda la acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho, resulta imperante que la parte peticionante de tutela demuestre con pruebas objetivas aquellas acciones de hecho que lesione derechos y/o garantías constitucionales, a contrario sensu cuando se evidencie que dichos actos no existen, no podrá otorgarse la tutela por esa situación.