SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1999/2012

Teniendo en cuenta que la acción de amparo constitucional busca la inmediata restitución de los derechos y garantías vulnerados, al respecto el art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.”, por su parte el art. 129.I de la misma Norma Suprema instituye que: “La acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; el mismo artículo en el párrafo II señala que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

De donde resulta que los derechos y garantías de todos los bolivianos y las bolivianas se encuentran protegidos por la Ley fundamental, como una medida de defensa de los actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o persona particulares que con abuso de autoridad o poder vulneren los derechos de otros.