SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2452/2012

Solicita se conceda la tutela y se le restituyan sus derechos y garantías constitucionales que le fueron suprimidos y restringidos, disponiendo: a) La anulación del procedimiento administrativo; b) Se mantenga vigente su condición de médico dependiente del SEDES; c) El pago de sus salarios mensuales sin interrupción alguna; y, d) El pago de costas daños y perjuicios.

El accionante estima vulnerados sus derechos al debido proceso, al trabajo, a “la prescripción” y a la dignidad, sosteniendo que: a) Fue sometido a un proceso administrativo en base a una denuncia anónima, dolosa y temeraria presentada por la Oficina Jurídica de la Mujer, en la que refiere que mujeres de la zona de la Chimba, denunciaron supuestos atropellos cometidos por su persona. Sin embargo agrega el accionante que de dichos hechos ya se tenía conocimiento debido a una presunta acusación presentada por Betzabé Oliva Challapa Gutiérrez, el 29 de noviembre de 2011; y, b) En el referido proceso administrativo interno, no se respetó ni garantizó la aplicación objetiva del procedimiento previsto en la ley, ampliando el Sumariante de forma arbitraria el plazo del término de prueba, sin estar facultado para ello, ni haber puesto en su conocimiento dicha ampliación irregular, en la que se produjo prueba que no fue de su conocimiento, las cuales fueron tomadas en cuenta como decisivas para su destitución. Asimismo manifiesta que tampoco consideró el instituto jurídico de la prescripción, toda vez que los supuestos hechos que motivaron la denuncia ocurrieron hace más de tres años y de acuerdo al art. 16 del DS 23318-A, la responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención.