FUNDAMENTACION DE VOTO DISIDENTE

Sucre, 4 de diciembre de 2012

Sentencia: 0969/2012 de 22 de agosto

Expediente: 2010-22211-45-AAC

Materia: Amparo Constitucional

Partes: Roberto María Nielsen Reyes Kurschner contra René Pabón Ortuño y Aida Luz Maldonado Bocangel, Vocales de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz.

Departamento: La Paz

Magistrada: Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi

La suscrita Magistrada, de conformidad con lo previsto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), presenta su voto disidente con relación a la SCP 0969/2012 de 22 de agosto, conforme a los fundamentos desarrollados a continuación.

I.- ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

De la compulsa de antecedentes se tiene que el Banco Unión S.A., el 30 de enero de 2004, demandó en la vía coactiva a Roberto María Nielsen Reyes Kurschner, exigiéndole el pago de $us49 410,51.- (cuarenta y nueve mil cuatrocientos diez con 51/100 dólares estadounidenses) proceso que tras ser sorteado al Juzgado Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, mereció la Sentencia 59/2004 de 2 de febrero, que declaró probada la demanda. Posterior a ello tras la citación del coactivado, este suscitó excepciones de falta de fuerza coactiva, falsedad del titulo y de incompetencia, que se declararon improbadas por Resolución 154/2004 de 23 de abril, confirmada por Auto de Vista 631/2005 de 22 de noviembre.

En ejecución de Sentencia, el coactivado suscito “DEMANDA NULIDAD DE OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO Y SOLICITA SUSPENSION DE REMATE” (sic), exponiendo los siguientes fundamentos: a) La primera providencia de ejecución de Sentencia, contenida en el memorial de fs. 102, relativo a la solicitud de medidas previas al remate, le fue notificado en Secretaria del Juzgado y no como manda el art. 137 núm. 6) del Código de Procedimiento Civil (CPC); b) Para la subasta judicial de bienes inmuebles, es imprescindible contar con informe que acredite los gravámenes existentes, conforme manda el art. 536 núm. 3) del CPC. Aspecto incumplido en el proceso coactivo; y, c) La base de la subasta, lo constituye la valuación fiscal y sólo a falta de ésta se podrá designar un perito que determine el valor del inmueble. En el proceso coactivo se ha designado un perito sin haberse acompañado el informe de catastro municipal.

En similar forma demandó la nulidad del remate, argumentando lo siguiente: 1) La base del remate es errónea, por cuanto el perito no concluyó su pericia, quien mediante varias notas habría sugerido, que para completar el informe debe realizarse el estudio en otra zona homogénea, por cuanto la zona en que se encontraría el bien inmueble a ser rematado estaría “congelada” y al haberse aprobado un informe incompleto se ha provocado su indefensión; 2) Contra la Resolución 599/2007, solicitó explicación, complementación y enmienda, con cuya determinación no fueron notificados, lo que también le generaría indefensión; y, 3) Las publicaciones realizadas el primero y el seis de febrero de 2008, no cumplen con lo previsto por el art. 38.III de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (Ley 1760).

La Juez a quo, mediante Resolución 21/2009 de 16 de enero, rechazó los dos incidentes de nulidad, con los siguientes argumentos: i) El memorial de “fs. 102” y su decreto no constituyen la providencia inicial de ejecución de Sentencia, no encontrándose comprendido en el art. 137 del CPC; ii) Con relación a la solicitud de medidas previas, se ha dirigido oficios a la Dirección de Catastro y a la Dirección de Ingresos Municipales, habiéndose adjuntado la nota de recepción y de conformidad con el “art. 524-II del Código de Procedimiento Civil se designó Perito de Oficio”; y, iii) Con relación a la nulidad del remate, la Resolución 599/2007 de 17 de noviembre, que aprobó el informe pericial y fijó el monto de la base, no fue objeto de apelación encontrándose ejecutoriado.

Tras ser apelada la Resolución que rechazó los incidentes de nulidad, fue confirmada por Auto de Vista 471/2009 de 22 de diciembre, con los siguientes fundamentos: a) No es cierto que la Resolución 21/2009 de 16 de enero, carezca de fundamentación, dado que la misma cumple con el art. 188 del CPC; b) No se ha evidenciado la vulneración del art. 137 núm. 6) del CPC, toda vez que, la determinación que le corresponde al memorial de fs. 102, no constituye providencia inicial de ejecución de Sentencia, más cuando de obrados se desprende que se ha notificado personalmente con el oficio y providencia de fs. 67 de obrados originales, por lo que no ha existido indefensión del coactivante; c) Sobre el informe pericial, el mismo se encuentra aprobado por Resolución 599/2007 de 17 de noviembre, siendo la autoridad judicial quien en última instancia determina la base del remate; d) No es cierta la ausencia de notificación con la complementación de fs. 213 a la Resolución 599/2007, pues el apelante fue notificado conforme consta a fs. 214 de obrados originales, por lo que no se ha causado indefensión alguna; y, e) Finalmente sobre la negativa de suspensión del remate, no corresponde de acuerdo a lo previsto con el art. 517 del CPC.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

La SCP 0969/2012 de 22 de agosto, REVOCA la Resolución 70/2010 de 29 de julio, cursante de fs. 143 a 144, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, CONCEDIENDO la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 471/2009, dictado por las autoridades demandadas, al margen de ser escueto en su contenido, no cuenta con fundamentación suficiente y racionalidad jurídica, que permita al apelante obtener una respuesta a sus cuestionamientos u observaciones, sobre la determinación asumida por la Juez a quo; 2) Sobre la falta de especificación de la providencia inicial de ejecución de Sentencia, los demandados se limitaron a efectuar la cita y desglose del art. 236 del CPC, sin establecer si la Resolución de primera instancia tenía o no la fundamentación debida, “o si era suficiente porque lo era”(sic); 3) Los otros tres puntos cuestionados mediante recurso de apelación, no fueron atendidos ni resueltos; toda vez que, de la lectura del Auto de Vista impugnado, se evidencia una evocación a lo expresado en la Resolución impugnada, reiterando lo manifestado por la Juez a quo; y, 4) Finalmente se reitera que el contenido de la Resolución carece de fundamentación que sustente la determinación asumida, habiéndose limitado a realizar afirmaciones de carácter personal, sin exponer el porqué de tal decisión.

II.1. La resolución de segunda instancia y su relación con el principio de congruencia y pertinencia

Nuestro Código de Procedimiento Civil, delimitó ciertos parámetros, que deben ser considerados por los Jueces y Tribunales de apelación, a tiempo de emitir su decisión, a citar:

“Artículo 219.- (PROCEDENCIA DEL RECURSO) Procederá el recurso ordinario de apelación en favor de todo litigante que habiendo sufrido algún agravio en la resolución del inferior, solicitare que el Juez o Tribunal Superior lo repare. La rebeldía declarada en primera instancia no privará al demandado contumaz del derecho de apelar de la sentencia.

Artículo 227.- (APELACION DE SENTENCIA O AUTO DEFINITIVO) La apelación de la sentencia o auto definitivo se interpondrá, fundamentando el agravio sufrido, ante el Juez que los hubiere pronunciado. De este recurso se correrá traslado a la parte contraria, la que deberá responder dentro de los plazos fijados por el Artículo 220.

Artículo 236.- (PERTINENCIA DE LA RESOLUCION) El auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el Artículo 227, excepto lo dispuesto en la parte final del Artículo 343”.

Con relación a la motivación, congruencia y pertinencia del Auto de Vista, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (SC 0358/2010-R de 22 de junio).

Los principios de congruencia y pertinencia, representan el límite de actuacion de la autoridad de alzada, tanto jurisdiccional como administrativa, por cuanto no pueden emitir decisiones sin considerar los antecedentes del proceso, emitiendo criterios arbitrarios o imprecisos, mas al contrario deben ceñir sus disposiciones a procedimiento.

II.2. Sobre el alcance de los incidentes de nulidad en el proceso civil

La norma prevista por el art. 149 del CPC, dispone que “toda cuestión accesoria que surgiere en relación con el objeto principal de un litigio se tramitará por la vía incidental”; de otro lado, con relación a su trámite, el art. 150 del citado Código dispone que “los incidentes no suspenderán la tramitación del proceso principal, a menos que hubiere disposición expresa de la Ley o que, en casos excepcionales, así lo resolviere el Juez cuando fuere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada”. En consecuencia conforme el lineamiento sentado por este Tribunal, se tiene la procedencia de la admisibilidad de las cuestiones incidentales en ejecución de fallos, habiendo el Juez a quo realizado una interpretación restrictiva de las facultades previstas en el art. 196 del CPC.

II.3. El proceso civil y algunos de sus principios

Con la finalidad de garantizar a las personas naturales y colectivas el libre y eficaz ejercicio de sus derechos, previstos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos (Art. 14.III de la CPE), en materia civil, se ha puesto en vigencia el Código de Procedimiento Civil que entre otros regula, la potestad de administrar justicia de los jueces; los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes; las normas procesales de iniciación del proceso, dirección y cumplimiento de sus disposiciones; desarrollo del proceso, sus incidencias y formas de resolución, así como los medios de impugnación o remedios judiciales conferidos a las partes para corregir las actuaciones erróneas de los juzgadores; actos procesales que tienen como objetivo la materialización del derecho sustancial.

Entre algunos y relacionados con el caso concreto, podemos citar los siguientes, que dicho sea de paso fueron creados para facilitar la resolución de los conflictos, entre ellas:

a) Principio de inmediación.- José Decker Morales señala que el referido principio “significa que el juez debe encontrarse en relación directa con los sujetos procesales o partes que intervienen en el proceso y, recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se encuentran bajo su acción inmediata”.

b) Principio de preclusión procesal.- Una muestra de que el proceso implica avance, es el principio de preclusión procesal, pues dentro de cada etapa procesal las partes cuentan con facultades previstas por la ley que pueden ser ejercitadas, pero dentro del plazo establecido para el efecto, bajo alternativa de extinguirse. “Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del período o sección correspondiente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron durante su transcurso”.

Al respecto el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece: “I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley.

II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”.

c) Principio de impugnación.- El principio de impugnación de los actos jurídico procesales no sólo se encuentra vigente en el ámbito civil (art. 213 del CPC), sino hoy tiene rango constitucional, así el art. 180.II de la CPE garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, con la finalidad de que las partes puedan exigir la reparación de su derecho o la enmienda del error cometido por el Juez de la causa, garantizándose así el doble examen y el control que deben ejercer las partes de las decisiones del órgano jurisdiccional.

Jorge Peyrano dijo: “Desconocer la normatividad de los principios procesales equivale a quitar obligatoriedad a su aplicación”; y, siendo que su aplicación coadyuva en la aplicación e interpretación de la ley procesal corresponde observarla a tiempo de la resolución de las causas, en armonía con los principios, valores, derechos y garantías previstos por nuestra Ley Fundamental.

Por lo desarrollado, se concluye: 1) Los principios procesales no actúan de manera aislada, sino que entre ellos existe una estrecha vinculación, así por ejemplo, junto al principio de impugnación está el de preclusión procesal, que obliga a las partes a hacer uso oportuno de dicho derecho, pero dentro del plazo previsto por ley, bajo alternativa de extinguirse dicha facultad; y, ambos guardan relación con el principio dispositivo, que indica que su ejercicio y extinción depende de la voluntad de las partes; y, 2) Para el libre y eficaz ejercicio de los derechos, las partes en materia civil no sólo cuentan con las normas legales previstas en el Código de Procedimiento Civil, sino que también tienen a su lado los principios procesales, que junto a la norma adjetiva, buscan la materialización del derecho sustantivo o material invocado por ellas, que obliga a los juzgadores a buscar la prevalencia de la verdad material sobre la formal; y, al interpretar la ley procesal “…el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal” (art. 91 del CPC) (las negrillas son nuestras).

Con base en los Fundamentos Jurídicos precitados, esta autoridad pasa a exponer los razonamientos del Voto Disidente, correspondiendo precisar algunos aspectos, que no fueron desarrollados en la Sentencia Constitucional Plurinacional, ello atendiendo a los hechos lesivos que fueron denunciados, conforme sigue:

Primero.- Es evidente que en el proceso coactivo seguido contra el accionante, la primera providencia de ejecución de Sentencia lo constituye la providencia de 22 de abril de 2006 (fs. 5 vta.), que fue notificada a las partes en Secretaria del Juzgado (fs. 6) el 28 de abril de 2006. Al respecto, debe tenerse presente que entre el momento de practicarse dicha diligencia y la fecha en que se presentó el incidente de nulidad -25 de enero de 2008-, transcurrieron más de un año y ocho meses, lapso en que el coactivado pudo denunciar dicha irregularidad y no aguardar tanto tiempo cuando el proceso ya alcanzó otras etapas procesales. Sobre tal extremo, se tiene que ha operado el principio de preclusión procesal, considerando que si bien la ley concede a las partes, determinadas facultades, las mismas deben ser ejercitadas dentro de un plazo razonable, lo contrario significa actuar con mala fe y ausencia de lealtad procesal, contrario a los principios y valores supremos, previstos por la Norma Fundamental. Sobre el particular el Tribunal Constitucional en su SC 0239/2007-R de 10 de abril, a tiempo de pronunciarse sobre los principios citados, manifestó: “…este Tribunal Constitucional debe reiterar lo expresado en la SC 1138/2005-R de 19 de septiembre, en la que se manifestó que: '(…) es obligación de las partes en un proceso actuar con lealtad procesal, evitando los fraudes emergentes de un cálculo meditado y abusivo de las falencias del sistema procesal, para provocar dilaciones que luego pretendan imputarse a la administración de justicia, los jueces o los fiscales, para generar causales de nulidad o de pretendidas vulneraciones a los derechos procesales (…)'; (…) pues degradaría el sistema de valores que protege la Constitución Política del Estado (…); buena fe que se debe manifestar en el control y anuncio oportuno de los errores judiciales, para procurar que los procesos se lleven a cabo sin la existencia de vicios procesales; por ello, cuando las partes de un juicio están obligadas a controlar y vigilar los posibles errores en los actos de las autoridades judiciales, y cuando se percaten de ellos, es su deber anunciarlos a la autoridad para que pueda corregirlos, y no dejar que provoque efectos para luego reclamar estos…”

Segundo.- Tras aprobarse el informe pericial y establecerse la base del remate por Resolución 599/2007 de 17 de noviembre, el demandado apoyado en el art. 196 núm. 2) del CPC, solicitó explicación y complementación, exponiendo como motivo de su petición aspectos técnicos que se omitieron efectuar en la pericia. Esta autoridad advierte que el coactivante, apoyo su petición en normativa procesal que no correspondía al caso, pues evidentemente el art. 196 del CPC, se refiere a la corrección de errores materiales, numéricos, aclarar algún concepto obscuro, suplir alguna omisión de oficio o a petición de parte, mas no modificar el fondo de la decisión asumida en una Sentencia. A criterio de esta autoridad, la norma que debió aplicarse para expresar la disconformidad con la aprobación del avaluó pericial, era el art. 535 del CPC, habiéndose activado un medio de defensa ineficaz, no idóneo.

Sin embargo de lo anterior, contra la providencia dictada por la Juez a quo de 21 de diciembre de 2007, que establece: “Siendo que el art. 196 claramente se refiere a sentencias dictadas, estese a lo resuelto” (sic), el coactivante tenía expedita la posibilidad de activar el recurso de reposición previsto por los arts. 215 y ss. del CPC y no recién luego de transcurrido tanto tiempo, expresar que tal decisión debió ser mediante un Auto y no una mera providencia, habiendo el accionante desplegado una conducta inactiva, sobre la providencia que hoy denuncia como lesiva de sus derechos.

Tercero.- Finalmente sobre la nulidad de suspensión del remate, por estar pendiente el tramite de un incidente de nulidad, tal cuestión incidental no suspende el desarrollo del proceso principal, por cuanto la norma procesal que regula dicho régimen es clara al determinar, que toda cuestión accesoria a la causa principal se tramitara sin suspender la prosecución del litigio; consiguientemente, menos podría suspender la ejecución de fallos, debiendo ser únicamente tramitada por cuerda separada, máxime si se tiene presente la previsión contenida en el art. 517 del CPC, considerada en el fallo impugnado.

Considerando tales aspectos que no fueron considerados, analizando la ratio decidenci de la SCP 0969/2012 de 22 de agosto, esta autoridad advierte que no es cierto que la Resolución que motivo la presente demanda constitucional, sea escueta en su contenido o que no cuente con una debida motivación y/o fundamentación, pues considerando el Fundamento Jurídico II.2, dicho fallo ha cumplido con los principios de congruencia y pertinencia, al haberse pronunciado sobre los cuatro fundamentos principales de los dos incidentes de nulidad -que fueron objeto de resolución y de impugnación-; consiguientemente, no se puede exigir fundamentación sobre aspectos que no fueron objeto de la nulidad, de la resolución, ni de la apelación, concluyéndose que la decisión impugnada guarda armonía con el art. 236 del CPC.

Por otro lado tampoco se advierte que el Auto de Vista 471/2009 de 22 de diciembre, sea una evocación de la Resolución dictada por la Jueza a quo, por cuanto la misma tiene sus propios fundamentos y argumentos, considerando que dicha motivación, no necesariamente debe satisfacer las pretensiones expuestas por las partes del proceso.

Como colorarlo de todo lo expuesto y analizado, al margen de haberse acreditado que el Auto de Vista 471/2009 de 22 de diciembre, se encontraba fundamentado y motivado en derecho, no correspondía otorgarse la tutela demandada, por cuanto los hechos lesivos denunciados fueron superados por el propio accionante, al haber desplegado una conducta que nos lleva a las siguientes conclusiones: a) Sobre la notificación con la primera providencia de ejecución de sentencia, realizada en Secretaria del Juzgado, al no haber reclamado en su oportunidad, el accionante ha permitido la preclusión de tal facultad, sumado al hecho de que al haber realizado otro tipo de peticiones y permitir el desarrollo del proceso, ha incurrido en la comisión de actos consentidos, generando que la jurisdicción constitucional no pueda pronunciarse al respecto; b) Sobre el argumento de que la solicitud de complementación y enmienda de la Resolución 599/2007 de 17 de noviembre, hubiese sido dictado mediante providencia y no un Auto, el accionante pudo activar el recurso de reposición, solicitando a la autoridad reponga su decisión, empero al no haber activado en su oportunidad los mecanismos previstos por ley, ha permitido la configuración del incumplimiento al principio de subsidiariedad; y, c) Finalmente sobre la solicitud de la nulidad del remate, porque el mismo habría tenido la base de un informe pericial incompleto, olvida el accionante que de su parte tenía interpuesto un incidente de nulidad, que con carácter previo debió resolverse, consiguientemente sobre dicho aspecto, también correspondía denegar la tutela por subsidiariedad.

Por los argumentos expuestos la Magistrada que suscribe considera que se debió CONFIRMAR la Resolución 70/2010 de 29 de julio, cursante de fs. 143 a 144, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, por los fundamentos expuestos.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi

MAGISTRADA