AUTO CONSTITUCIONAL 0254/2012-CA

  Asimismo, mediante el AC 0131/2010-CA de 30 de abril, se ha establecido: “…el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo, es un mecanismo previsto para el control de constitucionalidad, se activa en aquellos casos en los que las disposiciones legales que forman parte del objeto de control presenten signos de incompatibilidad o contradicción directa con la Constitución; a contrario sensu no se activa cuando una disposición legal contradice o es incompatible con otra disposición legal ordinaria de superior jerarquía, ya que en esa situación nos encontraríamos ante una ilegalidad no ante una inconstitucionalidad; por lo que el control de esa situación corresponde al ámbito del control de legalidad…” (SC 0022/2006 de 18 de abril); entendimiento que fue complementado con el AC 0045/2004 de 4 de mayo y reiterado por la 0026/2010-CA de 25 de marzo, al determinar que: “…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada” (las negrillas nos corresponden); en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso.

Por lo anotado, la jurisprudencia glosada es aplicable al caso que se analiza, reiterándose que no se evidencia que la incidentista hubiera realizado la fundamentación de la inconstitucionalidad, pues sin argumento alguno señala que el art. 203 del CP vulnera los arts. 115.II, 116.II, 119.II y 120.I de la CPE; es decir, no explica las razones o motivos por los cuales, en su criterio el precepto legal cuestionado contradice el texto constitucional de manera que no se aprecia la duda razonable y fundada, mucho menos fundamenta la relevancia que tendrá la norma con la decisión final del proceso, o sea en qué medida el fallo a dictarse dependerá de la constitucionalidad como de la inconstitucionalidad del precepto legal impugnado, dependencia que constituye uno de los requisitos esenciales para hacer viable el recurso incidental de inconstitucionalidad.