SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2012

II.3.  Del informe presentado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandados, se tiene que dichas autoridades fundamentan su actuación en los siguientes hechos: a) De la Resolución 44/2011, se advirtió en forma clara que el Tribunal a quo consideró que respecto a la salud del imputado, éste gozaba de toda la atención necesaria; b) No existía ninguna prueba que anule el riesgo de obstaculización contenido en el art. 235.2 y 3 del CPP, motivo por el cual se podría hacer viable y en cierta medida desvirtuar esa figura procesal; c) El transcurso del tiempo no es suficiente para hacer desaparecer los riesgos procesales que motivaron la detención preventiva, sin que el imputado hubiese demeritado los presupuestos por los que se le impuso la medida, concernientes a la probabilidad de la autoría, las facilidades que tenía para abandonar el país, la posibilidad de que pueda influir negativamente sobre los partícipes, así como tampoco el procesado presento el certificado médico que demuestre su delicado estado de salud invocado; y, d) Finalmente los demandados hacen hincapié en que no se demostró con nuevos elementos la modificación de los motivos que fundaron la decisión del rechazo a la cesación, para poder efectuar una valoración integral, así como tampoco que la demora no era atribuible al imputado (fs. 16 a 18); añadiendo además en audiencia sobre este último punto, que no era evidente que no se hubiesen pronunciado con referencia al numeral 2 del art. 239 del CPP, pues de la Resolución se evidenciaba claramente que no sólo se tiene que considerar el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar de forma íntegra el art. 239 del citado Código, lo que conlleva a que el imputado debió demostrar con prueba, que los actos dilatorios en la demora del proceso no eran atribuibles a su persona.