SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0142/2012
Fecha: 14-May-2012
a)
Luego de precisar los antecedentes antes referidos, la accionante denuncia los siguientes actos: a) Las autoridades demandadas, “…no han querido dar cumplimiento a lo tácitamente determinado por el Ministerio de Educación y que fuera solicitado mediante carta notariada de fecha 7 de diciembre de 2011”; b) La errónea notificación en el domicilio de su abogado con la resolución del recurso jerárquico 33/2011; c) La Resolución 33/2001, fue emitida en flagrante usurpación de competencias, por haber sido firmada por las mismas autoridades que suscriben la Resolución de recurso jerárquico; y, d) La omisión de remisión del recurso en el tercer día ante el Ministerio de Educación.
La accionante también señala otros actos denunciados como lesivos, los siguientes: a) La omisión del Director Departamental de Educación de remitir el recurso jerárquico en el tercer día ante el Ministerio de Educación; b) La omisión de requisitos esenciales de notificación a la accionante con la Resolución 033/2011; y c) El incumplimiento a una decisión estimatoria por parte del Ministerio de Educación, emergente de las consecuencias jurídicas del silencio administrativo positivo. Al respecto, corresponde señalar que considerando que la ratio decidendi (razón de la decisión) de la concesión de la presente acción de amparo, se encuentra en este apartado (Fundamento Juridico III.2) y que los efectos de la tutela conllevará la nulidad de la Resolución jerárquica 033/2011 de 20 de julio, no existe relevancia constitucional para analizar estos otros actos denunciados como lesivos, aclarándose que respecto al punto d) La nulidad de la resolución jerárquica, determina que no exista resolución alguna que deba ser cumplida y ejecutada.
En coherencia con lo señalado, debe especificarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, se divide en cuatro fases específicas: a) La fase de admisibilidad; b) La fase de debate, es decir, del desarrollo de la audiencia pública; c) La fase de la decisión; y d) La fase de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- acción de amparo constitucional
- a) Antecedentes que motivan la activación del control tutelar de constitucionalidad
- a)
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- Entendimiento que se hace extensivo también, de manera general, en el razonamiento jurídico de las servidoras y servidores públicos del Estado, del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, cuando ejerzan potestades administrativas, entre ellas, la potestad sancionadora de la administración pública.
- Fragmento 19
- que informan, orientan al poder público
- 2)
- ii) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, interpretando el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha entendido que el respeto y protección del debido proceso es también aplicable en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración Pública
- El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal
- Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana
- toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso
- III.1.2. El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria sancionadora (formas procesales) tienen la finalidad de asegurar la eficacia material del derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior y el derecho a la defensa en la fase impugnativa
- son formas procesales de impugnación en sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias
- derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH)
- recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”
- sean sometidos a un tribunal superior
- (párrafo 158)
- (párrafo 165)
- Bartolomé Puma Velásquez, Director Departamental de Educación de Santa Cruz -codemando-
- no están dirigidos a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y el derecho a la defensa en la fase impugnativa
- supresión del recurso jerárquico, también fueron suprimidos los derechos fundamentales
- principio es el que debe guiar el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la administración del Estado
- III.3.1. La interpretación del art. 77.2 de la LTCP, respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios públicos en cesantía
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- la exigencia de identificación de la parte demandada y la precisión de su domicilio constituyen una carga procesal para la parte accionante cuya observancia debe ser verificada por los jueces y tribunales de garantías en la etapa de admisibilidad para asegurar así el derecho a la igualdad procesal de las partes y su derecho a la defensa
- no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública
- III.3.2. En cuanto a la legitimación pasiva del actual Director Distrital de Educación de Santa Cruz
- Fragmento 42
- Fragmento 43
- 1º APROBAR
- 2º Anular