SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0142/2012
Fecha: 14-May-2012
concedió
La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Resolución 07/2012 de 10 de febrero, cursante de fs. 175 vta. a 177 vta., mediante el cual concedió la tutela disponiendo la anulación de las Resoluciones relativas a los recursos de revocatoria y jerárquico, en base a los siguientes argumentos de orden legal: a) La acción de amparo constitucional está dirigida contra las autoridades que han firmado las Resoluciones que son motivo de esta acción, es decir, la Resolución de recurso de revocatoria y jerárquico; b) “…si se ha producido un cambio de autoridad de la Dirección Distrital de Educación III, la acción de amparo va dirigida contra la función, la autoridad y no contra la persona, y en segundo lugar, la nueva autoridad ha sido citada; se evidencia en la notificación su sello y su firma, es más los abogados que se han apersonado en esta audiencia lo han hecho con un poder del Director Departamental y con fecha actual, de manera que dado el carácter extensivo, habiendo producido un cambio de autoridad, después de la presentación del recurso y con la aclaración de que la acción se dirige contra la autoridad y no así contra las personas, este Tribunal concluye que tiene toda la legitimación pasiva para ser demandada la autoridad, en la función que desempeña y que además ha tomado conocimiento de este recurso” (sic); c) La normativa aplicable a autos es la Ley de Procedimiento Administrativo, norma jerárquicamente superior al DS 23968; y, d) El debido proceso fue vulnerado por no haber sido resuelto por las autoridades competentes que debieron conocer el recurso de revocatoria; d) En cuanto al recurso jerárquico, establece este Tribunal que éste no fue notificado oportunamente y fue dictado por la misma autoridad que resolvió el recurso de revocatoria, vulnerándose consecuentemente las reglas del debido proceso.
- acción de amparo constitucional
- a) Antecedentes que motivan la activación del control tutelar de constitucionalidad
- a)
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- Entendimiento que se hace extensivo también, de manera general, en el razonamiento jurídico de las servidoras y servidores públicos del Estado, del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, cuando ejerzan potestades administrativas, entre ellas, la potestad sancionadora de la administración pública.
- Fragmento 19
- que informan, orientan al poder público
- 2)
- ii) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, interpretando el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha entendido que el respeto y protección del debido proceso es también aplicable en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración Pública
- El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal
- Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana
- toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso
- III.1.2. El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria sancionadora (formas procesales) tienen la finalidad de asegurar la eficacia material del derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior y el derecho a la defensa en la fase impugnativa
- son formas procesales de impugnación en sede administrativa, instituidas por el legislador, con base en las cuales debe procederse en la vía de impugnación, es decir, es el procedimiento del ordenamiento interno del Estados que prevé dos instancias
- derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH)
- recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”
- sean sometidos a un tribunal superior
- (párrafo 158)
- (párrafo 165)
- Bartolomé Puma Velásquez, Director Departamental de Educación de Santa Cruz -codemando-
- no están dirigidos a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que tienen valor en la medida que aseguren la eficacia material de los derechos a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior en el ámbito disciplinario sancionador y el derecho a la defensa en la fase impugnativa
- supresión del recurso jerárquico, también fueron suprimidos los derechos fundamentales
- principio es el que debe guiar el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la administración del Estado
- III.3.1. La interpretación del art. 77.2 de la LTCP, respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios públicos en cesantía
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- la exigencia de identificación de la parte demandada y la precisión de su domicilio constituyen una carga procesal para la parte accionante cuya observancia debe ser verificada por los jueces y tribunales de garantías en la etapa de admisibilidad para asegurar así el derecho a la igualdad procesal de las partes y su derecho a la defensa
- no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública
- III.3.2. En cuanto a la legitimación pasiva del actual Director Distrital de Educación de Santa Cruz
- Fragmento 42
- Fragmento 43
- 1º APROBAR
- 2º Anular