SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0150/2012

Sus representados en su condición de comerciantes minoristas asentados en la zona “Los Pozos”, constituyeron legalmente la Asociación de Comerciantes Minoristas y Ramas Anexas “26 de Febrero”, realizando sus actividades de comercio, con la compra y venta de todo tipo de productos usados y nuevos de manera lícita; sin embargo, las autoridades demandadas, el 21 de noviembre de 2009, encabezaron un gigantesco operativo de allanamiento, requisa, secuestro, saqueo y cierre de sus comercios, en base a un mandamiento de allanamiento, requisa y secuestro, librado por el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Departamento de Santa Cruz, sin especificar “número ni identificación real”, de los inmuebles y tiendas, lo que derivó sea ejecutado en distintos lugares.

Agrega que, en la misma fecha de los hechos, los Fiscales, Gendarmes Municipales y Militares, saquearon sus negocios, llevándose incluso sus licencias de funcionamiento, registros tributarios, recibos, facturas y pólizas de sus mercaderías, sin realizar acta ni inventario alguno, situación que fue reclamada ante el “Juez de garantías constitucionales”, quien será el encargado de resolver dicha ilegalidad, que no es objeto de la presente acción tutelar.

Finamente, indica que el “objeto del presente recurso es LA VIOLACIÓN A NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONA AL TRABAJO, ya que ni el Fiscal de Distrito (...) ni los Fiscales de Materia, pueden ordenar la clausura de nuestros locales comerciales, ya que NO TIENEN ATRIBUCIONES NI COMPETENCIA PARA ELLO” (sic), más aún cuando cuentan con licencias municipales de funcionamiento y registro tributario.