SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0245/2012
Fecha: 29-May-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por memorial presentado el 6 de marzo de 2012, cursante de fs. 59 a 73 vta., el accionante manifestó que formuló querella contra Gilka Gina Prado Gutiérrez, Victoria Tapia Guzmán de García y Gonzalo Hernán López Arce, por la presunta comisión del delito de “estelionato” respecto a la primera y “complicidad” en este delito con relación a los demás.
Indica que junto a Gilka Gina Prado Gutiérrez, son propietarios de un bien inmueble; sin embargo ésta suscribió sucesivos contratos de anticresis, autorizando el gravamen del mismo como si fuera la única propietaria, siendo que existe un proceso de divorcio pendiente que se encuentra en casación ante la entonces Corte Suprema de Justicia.
En su momento el Fiscal de Materia, pronunció la Resolución de sobreseimiento de 10 de octubre de 2011, que reconoce el derecho propietario de ambos esposos y argumentando que existe litigio familiar pendiente en cuanto al derecho propietario, los mismos realizaron gravámenes del bien inmueble; además, contra los coimputados -Victoria Tapia Guzmán de García y Gonzalo Hernán López Arce- no existen suficientes elementos de convicción para sostener que cometieron el delito de estelionato en grado de complicidad, encontrándose limitaciones y prohibiciones para ejercitar la acción penal entre cónyuges.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- 1)
- III.1. Falta de idoneidad del control cautelar para revisar el fondo de las resoluciones fiscales de sobreseimiento
- el control jurisdiccional que puede efectuarse respecto a los Fiscales de Distrito -ahora Fiscales Departamentales- incluso de manera posterior a la ratificatoria de una resolución de sobreseimiento únicamente puede referir al procedimiento como por ejemplo omisiones en la notificación a las partes procesales, dilación en la emisión de la correspondiente resolución, entre otras, que incidan directamente en derechos fundamentales y garantías constitucionales pero de ninguna manera a los argumentos o a la fundamentación invocados por la autoridad fiscal superior jerárquica de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación
- III.2. El deber del fiscal de fundamentar los requerimientos de sobreseimiento
- y dentro de un plazo razonable
- el plazo previsto para que el fiscal de materia emita un acto conclusivo no se encuentra supeditado al resultado de una excepción planteada por las partes procesales, pese a ello resulta lógico que de ninguna manera sea admisible que un o una fiscal de materia fundamente un sobreseimiento o se proceda a ratificar el mismo por un o una Fiscal Departamental apoyado en un argumento directamente relacionado con una excepción planteada y pendiente de resolución,
- 2)
- III.4. Fotocopias simples en amparos constitucionales y la flexibilización en su valoración por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional
- presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado
- o señalar el lugar en que se encuentra
- si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE
- Fragmento 23
- III.5. Análisis del caso concreto
- i)