SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0382/2012

La acción de libertad, instituida por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), como un medio de defensa con un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador, tiene la finalidad de proteger la libertad personal frente a una persecución, detención, procesamiento o prisión ilegal o indebida, ampliando su ámbito de protección al derecho a la vida, cuando su riesgo o amenaza se vincula a la libertad precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

Al respecto la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La Acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, …sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

La SC 1135/2011-R de 18 de mayo, ha establecido que la Constitución Política del Estado es más amplia en cuanto al ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, a la libertad física o personal, al debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y a la libertad de locomoción, esta última dada la íntima relación que existe con el derecho a la libertad física.

Asimismo, la línea jurisprudencia refiere que: “el art. 23 de la CPE, consagra el derecho a la libertad y seguridad personal; es decir, el derecho a la libertad física, previniendo además, las diferentes garantías para la protección de ese derecho, entre otros, que la libertad personal sólo puede ser restringido en los limites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, la prohibición de que las personas sean detenidas, aprehendidas, o privadas de su libertad fuera de los casos y las formas establecidas por ley”, así fue establecida por la SCP 196/2012 de 18 de mayo.