SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2012

A mediados del 2005 constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada denominada JRR ELECTRONICS S.R.L. conjuntamente con Raúl Fernando Correa Albarado, a quien otorgaron un poder de administración y representación. Realizado el informe de auditoria, se concluyó identificando la falsificación de documentos privados consistente en quince facturas, relacionadas con sobreprecios de compras, similar informe fue emitido por la Aduana Nacional.

Cumplido el plazo de la etapa preparatoria, el Ministerio Público presentó sobreseimiento a favor de los imputados, que fue impugnado por el accionante, manifestando que la Resolución de sobreseimiento omitió referirse a las pruebas consistentes en quince presuntas facturas denunciadas como falsificadas y no se identificó cual de los incisos previstos en el art. 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se configuró para dictar la Resolución, la misma que fue ratificada por la Fiscal de Distrito, quien tampoco efectuó el análisis de las pruebas, provocando la vulneración de la garantía del debido proceso en su presupuesto de la debida fundamentación.

Aseguró que el 7 de junio de 2011, pidió a la Fiscal de Materia llevar adelante diligencias de investigación, lo cual fue requerido con “traslado”, solicitud que fue reiterada y negada, alegando la autoridad demandada que el plazo había vencido cuando todavía estaba vigente, negándose a efectuar actos investigativos y menos pronunciarse sobre la querella por el delito de estafa.