SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2012

En el presente caso, se evidencia que el accionante solicita dejar sin efecto las Resoluciones de sobreseimiento y de ratificación; además, se ordene dictar una Resolución de delito de estafa, aspecto por el cual es completamente incoherente, toda vez que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede inmiscuirse en una actividad procesal como si fuera parte del proceso penal, pretendiendo que dicte u ordene dictar una Resolución por el delito de estafa.

El accionante no precisó ni especificó cuáles son esas supuestas -facturas con sobreprecio- que le causó agravio, adjuntando al expediente tan sólo fotocopias, en algunos casos ilegibles, de documentos en los cuales se detallan productos y precios (fs. 67 a 100), sin especificar e indicar las supuestas facturas ilegales, y en su caso contrastar cuales debieron ser los montos reales a su criterio; es decir, no justificó la supuesta mala valoración de los elementos probatorios que realizó el Ministerio Público para emitir el sobreseimiento de la causa y tampoco señaló ni explicó como debió haberse valorado los mismos y que posible resultado arrojaría dicha valoración y/o interpretación que debió efectuarse según su pretensión.