SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0776/2012

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional respecto al derecho de petición mediante SC 1481/2011-R de 10 de octubre, que a su vez menciona las SSCC 0189/2001-R, 1366/2004-R y 0272/2005-R, precisó  que: “'…es la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa. Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición, sino resolverla. (…) En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos lo términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna, el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado.