SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0848/2012

           El Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, a través de la SCP 0106/2012 de 23 de abril, señaló que: “El art. 125 de la CPE establece que la acción de libertad tiene por objeto garantizar la tutela de los derechos fundamentales a la vida y a la libertad personal o de locomoción, cuando sean restringidos o suprimidos ilegalmente o amenazados de serlo, por actos u omisiones indebidas de autoridades o particulares; permitiendo en tales casos a los afectados, acudir inmediatamente ante el juez o tribunal competente en materia penal, con la finalidad de que se guarde tutela a la vida y a la libertad en los casos de persecución indebida, procesamiento ilegal y detención indebida.

Del mismo modo, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, promueven que esta acción se constituya en un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar el derecho a la libertad física o de locomoción en los supuestos anotados anteriormente. Sin embargo, para que prospere la acción de libertad en la vía constitucional, previamente debe haberse agotado por el accionante todos los mecanismos de defensa que franquea el ordenamiento procesal ordinario, haciendo uso adecuado de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el efectivo restablecimiento de este derecho fundamental, de donde se concluye que la vía constitucional opera solamente en aquellos casos en que, a pesar de haberse impugnado y agotado los mencionados medios o recursos ordinarios, no se haya reparado efectivamente la vulneración denunciada.

En este sentido, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, moduló tres supuestos en los que no es posible ingresar de manera excepcional al análisis de fondo de la problemática planteada, a objeto de preservar el justo equilibro y complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y constitucional, siendo tales supuestos los siguientes:

           Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.