SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2012
Fecha: 20-Ago-2012
i)
En su derecho de réplica, el accionante manifestó: i) Siendo que sólo la agencia despachante es la facultada para tramitar la nacionalización del vehículo, mal se podría indicar que al tener la documentación haya manipulado el mismo; y, ii) De existir irregularidad en el trámite de nacionalización, debieron investigar en la vía que corresponde y no perjudicar al importador al retener su vehículo.
Marcelo Gustavo Margazo Zurita, Jefe de la Unidad Legal a.i. de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, en su derecho a réplica manifestó: i) Atravesaron un proceso de restructuración de la referida aduana, por ello, fue nombrado recientemente en ese cargo, tomando conocimiento del control diferido inmediato emitió un nuevo informe legal e instruyó la conclusión de este proceso con el acta de intervención; e, ii) Insistió en la subsidiariedad para rechazar la acción de amparo, porque hubo un proceso penal en curso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Del procedimiento de control diferido aduanero
- III.2. Del debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo
- “(…)
- “…los
- En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan.
- En el ámbito administrativo, el debido proceso debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario o autoridad
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR