SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0889/2012
Fecha: 20-Ago-2012
II.4.
II.4. A través del informe legal AN-ULEZR-IL-173/10 de 17 de marzo de 2010, Gonzalo Enrique Ferrufino Soliz, abogado de la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, dirigido a Jaime Zambrana Mercado, Jefe a.i. de la Unidad Legal de dicha Gerencia, en sus conclusiones y/o recomendaciones estableció se proceda a la conclusión del control diferido inmediato conforme a lo establecido en el Título V, Capitulo C, numeral 4, incs. d) y e) del RD 01-004-09 y ante la existencia de denuncia en el Ministerio Público por el delito de manipulación informática de usuario y contraseña en la emisión del DUI 2010/732/C-343, sugirió se amplíe la querella contra los autores, cómplices y encubridores, y ampliación de la investigación por otros delitos inmersos en el proceso de investigación (fs. 16 a 20).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Del procedimiento de control diferido aduanero
- III.2. Del debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo
- “(…)
- “…los
- En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le de la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan.
- En el ámbito administrativo, el debido proceso debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario o autoridad
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR