SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0905/2012

La Constitución Política del Estado en su art. 128 con relación a la acción de amparo constitucional señala: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; constituyéndose en una acción de defensa de todos los derechos fundamentales y garantías previstas en la Ley Fundamental y en los Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos, ratificados por el Estado Plurinacional en el art. 410 de la CPE, salvo los derechos a la libertad y a la vida -cuando éste se encuentre vinculado a la libertad-, que está bajo la protección de una acción especifica cómo es la acción de libertad.

Ernesto Daza Ondarza -citado por José Antonio Rivera Santivañez-, definió la acción de amparo constitucional como: “…una acción sumarísima que garantiza a todo ciudadano el derecho de pedirla, cuando se viola cualesquiera de los derechos consagrados en la Constitución, con excepción de la libertad personal que se halla protegida especialmente por la Acción de Libertad”.

Por lo expuesto, el amparo constitucional es una garantía constitucional que tiene la finalidad de proteger a las personas en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales, contra los excesos, abusos y arbitrariedades de funcionarios públicos, autoridades o personas particulares, expresados a través de resoluciones, actos u omisiones ilegales o indebidas. Dicha garantía permite restablecer o restituir el derecho fundamental o garantía constitucional normativa en aquellos casos en los que estén restringidos o suprimidos o, en su caso evitar la consumación de la amenaza inminente de restricción o supresión de los mismos.