SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0915/2012

La accionante alega que se vulneraron sus derechos al trabajo, a dedicarse al comercio, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y al debido proceso, señalando que, cuando se encontraba retirando su cupo de diez “taquis” de hoja de coca, para comercializar en la ciudad de Santa Cruz, fue interceptada por funcionarios de DIGCOIN, quienes al realizar el pesaje de la mercadería de la accionante, verificaron que existía una demasía en los mismos, por tal razón procedieron a decomisarle su producto, y mediante la Resolución 183/09, el Director General de DIGCOIN, solo le devolvió el 60% de los “taquis” decomisados; posteriormente, el Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, por RA 307/09, suspendió a la accionante por seis meses, al derecho de comercializar la hoja de coca, cuya Resolución no le fue notificada personalmente, por lo que no pudo presentar su recurso de revocatoria; es así que, el Director General de DIGCOIN, a través del fallo de 9 de febrero de 2010, confirmó la Resolución Administrativa 307/09. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.