SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1294/2012
Fecha: 19-Sep-2012
III.5. Análisis del caso concreto
De la revisión de los antecedentes adjuntos a la presente acción, se constató que, el Alcalde Municipal de Caranavi, el 22 de junio de 2010, destituyó al representado del accionante, del cargo de Gendarme, por lo que el 2 de julio del mismo año, reclamó y solicitó el pago de sus vacaciones, a lo que le comunicaron verbalmente que no tenía derecho; toda vez que, ya no existía ningún vínculo laboral entre el funcionario municipal y la institución, entregándole el 12 de julio de 2010, un informe legal emitido por la Dirección Jurídica, poniendo en conocimiento del representado del accionante, de que su solicitud no era procedente al amparo del art. 50 del EFP.
De la problemática planteada, es preciso establecer la aplicación o no del principio de subsidiariedad, de lo precedentemente expuesto, se advierte que el Alcalde Municipal de Caranavi, puso en conocimiento del representado del accionante, el informe jurídico, en el que se le hacía conocer la improcedencia de su solicitud de pago de sus vacaciones, constituyéndose este documento, en la decisión final del Alcalde demandado, documento con el que se vulneró su derecho al pago de sus vacaciones, el mismo que es susceptible de impugnación mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Municipalidades; asimismo, en aplicación del art. 56.I y II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y la jurisprudencia desarrollada precedentemente en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, al no haber hecho uso el accionante de los recursos administrativos de impugnación,
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- concedió
- Fragmento 6
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- la acción tutelar se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, de lo que se concluye que el amparo constitucional es de carácter subsidiario.
- 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico;
- Denotándose que al accionante, ante la solicitud de reincorporación a su fuente laboral, le pusieron en conocimiento de los informes jurídicos respectivos como respuesta, dicho acto es una práctica utilizada por una gran mayoría de autoridades públicas; es decir, poner en conocimiento de los solicitantes, informes jurídicos como supuestas respuestas, a fin de no emitir resoluciones claras tratando de evitar mayores responsabilidades; como en el presente caso, arguyendo posteriormente, que el accionante, impugna en el proceso los 'informes jurídicos y no así el acto de destitución'.
- si una autoridad pública a modo de respuesta ofrece, 'adjunta o pone en conocimiento' un informe legal, dicha autoridad debe asumir como suya dicha respuesta o informe, por tanto, ser responsable del mismo.
- debiendo reiterarse que quien debe tomar en última instancia la determinación sobre los hechos solicitados, es la autoridad correspondiente; por consiguiente, si corre en traslado un informe legal como respuesta a una solicitud, asume con toda la responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal, en su caso, emergente del mismo.
- se puede evidenciar que las autoridades públicas y administrativas, haciendo caso omiso a su deber establecido por la norma de dar respuestas claras y precisas, trasladan por simples notas o cartas a los accionantes los informes legales de los departamentos o asesores jurídicos de dichas instituciones, dejando de esta forma en completa indefensión al solicitante o administrado, toda vez que, de ser contrario a sus intereses, este no sabe como continuar el respectivo procedimiento, porque un informe legal es tan solo una opinión legal y en su caso «no vinculante para la toma de decisión de la autoridad», pues éste a pesar de ello, puede emitir criterio distinto bajo su propia responsabilidad; entonces, si las autoridades, haciendo omisión de cumplimiento de la ley, como hasta ahora muchos de ellos han venido realizando al otorgar respuestas firmes y que causen efecto,
- 'Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida con los requisitos y formalidades establecidas en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume de legítimo'. En tal virtud, y haciendo una interpretación de dicha norma y el conjunto de aspectos vinculados al presente caso, debe señalarse que, en caso de que una autoridad administrativa, pretenda dar como respuesta un informe legal que solamente es de carácter informativo y no es vinculante, esta autoridad, 'asume plenamente lo contenido en el mismo, sin que ello implique que los profesionales abogados sean directamente responsables por la opinión vertida en dicho informe', claro está, que tampoco exime a los abogados de las responsabilidades emergentes de su labor”
- III.3. Medios de impugnación idóneos y eficaces en la administración pública
- I. Toda persona individual o colectiva, pública o privada, cuyo derecho subjetivo o interés legítimo se vea afectado por una actuación administrativa, podrá apersonarse ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme corresponda' (art. 2); reconociéndoles la posibilidad de interponer los recursos administrativos necesarios, '…contra toda clase de resolución de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente, siempre que dichos actos administrativos a criterio de los interesados afecten, lesionen o pudieren causar perjuicio a sus derechos subjetivos o intereses legítimos' (art. 56.I de la LPA).
- III.4. La necesaria modulación de los efectos de las Sentencias Constitucionales
- III.5. Análisis del caso concreto