SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1381/2012

La Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 41/2010 de 28 de octubre, cursante de fs. 234 vta. a 236, concedió la acción de amparo constitucional, disponiendo la inmediata desocupación de los terrenos cuyo derecho propietario fue demostrado de forma idónea por los “recurrentes”, uno de ellos con una superficie de 155 500,41 m² de propiedad de Bello Ávila Lijerón y José Mariano Vásquez Barrientos y el otro de 91 562 m² de propiedad de Julio Carrasco Osinaga y Ayda Flores Vidal, debiendo entregarlos totalmente desocupados a sus respectivos propietarios, al efecto líbrese mandamiento de desapoderamiento contra cualquier persona que se encuentre ocupando ilegalmente los predios objeto del presente “recurso”, debiendo ser ejecutado por el Oficial de Diligencias de ese Tribunal, con auxilio de la fuerza pública, en base a los siguientes fundamentos: a) Los “recurrentes” presentaron la documentación idónea e incuestionable inscrita en DD.RR. acreditando con ello su derecho propietario; b) Respecto a la observación de los poderes enviados desde Estados Unidos para la venta de los terrenos, señalaron que la emisión de poderes desde el extranjero estaría permitida, habiéndose cumplido el procedimiento establecido por ley, pero los demandados no señalan que norma jurídica es la que se vulneró; c) No se acreditó la existencia de que el derecho propietario se encontraría cuestionado en la vía legal atacando las matrículas de inscripción en DD.RR.; d) Se tiene que los demandados sostienen que existirían personas viviendo treinta años; empero, aparentemente se trataría de personas que habitaban en otro predio, no así en las áreas delimitadas expresamente con plano específico inscrito en DD.RR., teniéndose a partir del video adjuntado que se trataría de un inmueble donde no existiría vivienda sino solamente una caseta donde se ofrecía en venta lotes de terreno y de la documentación presentada se tiene que existiría un acta de entrega legal a favor de los “recurrentes”, como también un informe del corregidor de Limoncito donde se evidenciaría que fueron “eyectados” los propietarios del mismo; e) La parte “accionada” indica que se encontrarían en los predios desde hace treinta años y que algunos campesinos adquirieron títulos; sin embargo, los mismos no fueron presentados en esa audiencia para excluirlos, ya que en la vía constitucional no se dirimen derechos propietarios, por lo que al no haberlo hecho no acreditaron derecho propietario alguno; f) Si bien la forma de adquirir la propiedad sería la posesión, no obstante la simple posesión de por sí no constituye título, no siendo evidente lo referido por los demandados; y, g) La Constitución Política del Estado establece que todas las personas tendrían derecho a un habitad, a una vivienda y a un techo; empero, eso no quiere decir que le otorga la facultad a un ciudadano común a interpretar si es legal o no es legal un título de propiedad o una Ordenanza Municipal y a ingresar directamente a terrenos ajenos, debiéndose tener una orden de un Juez para dicho cometido, ya que si cualquier persona quisiera entrar a un terreno que esta vacio, entonces no habría convivencia pacífica en un Estado de derecho.