SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1472/2012

El nuevo constitucionalismo boliviano entendido como un movimiento político-jurídico pretende tener como una de sus principales características la de hacer de la Constitución una norma jurídica directamente exigible, es decir, justiciable así el art. 109.I de la CPE, establece que: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”.

Esta característica fundamental de los denominados estados constitucionales pretende superar el denominado “nominalismo” que consideraba a la Constitución como una mera declaración política que para su exigibilidad necesariamente requería el desarrollo de una legislación, en este contexto, los derechos que se veían en mayor desamparo sin duda alguna fueron los derechos colectivos cuya justiciabilidad en general se negó.

Pese a ello ya en la jurisprudencia constitucional existente y previa a la Constitución de 2009, existían ejemplos de la protección a derechos colectivos generados a partir de casos individuales como sucedió con el tratamiento de hemodiálisis (SC 0433/2000-R de 4 de mayo) o el tratamiento de personas con sida (SC 0026/2003-R de 8 de enero).

Ahora bien, si la protección a los derechos colectivos ya tuvo cabida en un contexto constitucional más restrictivo se tiene que con la vigencia de la Constitución del 2009, que incluso prevé un mecanismo de protección específico para los derechos colectivos como lo es la acción popular las autoridades jurisdiccionales no pueden excusarse de otorgarles tutela bajo la vieja idea de la falta de legislación o recursos económicos.