SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1478/2012

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

En efecto, dada la interdependencia de los derechos fundamentales (art. 13.I de la CPE) dependerá de la conducta adoptada configurada como medida o vía de hecho para que a la par de la vulneración del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado también se lesionen otros derechos fundamentales, que corresponderá evaluar en cada caso.

1) Obtuvo sentencia favorable en un interdicto de retener la posesión dentro del proceso oral agrario seguido contra Cornelio Beltrán Céspedes, Erika Ortíz Soria y Luis Alberto Gutiérrez Viera, por el Juez  Agrario de la Provincia Ichilo, con asiento judicial en Yapacaní, por Sentencia 01/10 de 19 de abril de 2010, autoridad judicial que declaró probada la demanda de interdicto de retener la posesión sobre 11 has 6758 m², e improbada la demanda de interdicto de recobrar la posesión sobre las 56 has 1344.05 m², respecto del predio rural denominado “Monte de la Víbora o Tacuarendí” (Conclusión II.1) y que dicha posesión fue registrada en el Catastro Rural de Bolivia, registro de la propiedad inmueble, con el código catastral 07100101-869961-1 (Conclusión II.2). Asimismo, la referida Sentencia, no se encuentra controvertida en ninguna de las jurisdicciones previstas en la Constitución.