SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1500/2012
Fecha: 24-Sep-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Son propietarios del inmueble denominado “Motacusal” ubicado en el cantón Paurito, provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 6 9950 hectáreas (has) según títulos y 7 3465 has según mensura, inscrito en Derechos Reales (DD.RR) con la matrícula 7.01.2.0022103, bajo el asiento 1 de 21 de mayo de 1997, encontrándose en posesión quieta, pacífica, pública y continuada habiendo sembrado cuatro has de pasto de la variedad Tanzania, dando cumplimiento a cabalidad al principio de la función económica social por más de trece años.
El 23 de abril de 2010, un grupo de aproximadamente treinta personas a la cabeza de los demandados portando armas blancas ingresaron a la parte sud de su propiedad, procediendo a cortar sus alambrados y destruir sus cultivos de pastos y a lotear y asentar personas arbitrariamente, al mismo tiempo instalaron guardias y vigías, restringiendo con esta acción totalmente el ejercicio de su derecho propietario.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- I.2.2. Informe de las personas demandadas
- I.2.3. Informe del tercero interesado
- concede
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza Jurídica de la acción de amparo
- III.2 La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional frente a medidas de hecho
- En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los “avasallamientos”, constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncia afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para “avasallamientos”, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva'
- III.3. En cuanto al derecho a la propiedad privada
- III.4. Análisis del caso concreto
- con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico
- APROBAR