SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1502/2012
Fecha: 24-Sep-2012
II.2.
II.2. Mediante nota de 6 de abril de 1983, Félix y Vicente Quisbert Apaza, solicitaron al entonces Alcalde Municipal de Copacabana, la suspensión de trabajos de excavación y de construcción de mingitorio (fs. 16 y vta.); posteriormente, por carta de 22 de septiembre de 1994, el accionante junto a su hermano, por requerimiento fiscal pidieron que el Alcalde informe sobre la existencia de ordenanza municipal correspondiente y el proceso de expropiación ejecutoriado (fs. 17).
El 14 de octubre de 1994, los hermanos Quisbert Apaza impetraron a la Alcaldía Municipal, línea y nivel de su propiedad con el objeto de amurallar su propiedad (fs. 18); el 19 de junio de 1998, alegando la inexistencia de algún impedimento legal para el ejercicio de su derecho volvieron a solicitar línea y nivel (fs. 19).
El 31 de julio de 1998, dejando constancia, que no fueron notificados con ninguna demanda de expropiación, pidieron que se efectúe la compensación del terreno (fs. 20 y vta.); posteriormente, el 14 de abril de 2004, el accionante exigió a la Alcaldía Municipal la suspensión de trabajos (fs. 21) y por nota presentada el 15 de septiembre del mismo año, solicitó nuevamente, el visado y aprobación de plano, así como la línea y nivel (fs. 22; 25 a 26).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- “improcedente”
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2.
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”
- sin embargo, la doctrina constitucional ha establecido que de manera excepcional procede la tutela directa e inmediata, aun prescindiéndose de la referida naturaleza subsidiaria del amparo, cuando se advierta que existe una evidente lesión al derecho invocado, un daño irreparable que determinaría que la protección resulte ineficaz por tardía, al tratarse de medidas de hechos cometidas por autoridades públicas o por particulares
- como la potestad, capacidad o facultad que
- tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones
- no la tramita ni responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones por las cuales no se la acepta, o dando curso a la misma, con motivos sustentados legalmente o de manera razonable,
- III.4. Análisis del caso concreto
- la jurisdicción constitucional debe resolver previamente el derecho de petición, cuando de su tutela dependa que el recurrente pueda obtener una repuesta por parte de las autoridades recurridas que resuelvan lo demandado en la acción de amparo, que de perjudicarle podrá impugnar esa decisión, acudiendo a las instancias ordinarias previstas por Ley…