SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1585/2012

La sociedad comercial que representa, es legítima propietaria de un fundo rústico denominado “Los Aceites” o “Agro Campo Grande”, ubicado en la provincia Chiquitos, sección Segunda, cantón el Cerro de Concepción, sobre la carretera asfaltada de Tres Cruces a Pailón, al lado de Pailón, “con una superficie de 1.558,5000 has” (sic), inscrita en el catastro rural con código 07050203-25301-1 y en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 7.05.1.02.0000103, con sus respectivos pagos al día hasta la gestión 2009, adquirida en adjudicación judicial el 2005 y que a la fecha cuenta con mejoras, totalmente alambrada, luz eléctrica, una casa de material para el personal, oficinas, galpón tinglado para maquinaria, comedor, baños, pozo, tanque de agua, caminos con divisiones interiores, corrales y 900 ha desmontadas y listas para la siembra de soya, certificadas por el corregidor de Pailón y que  cumple con una función económica y social.

La empresa a la que representa realizaba el cultivo de soya de forma continua e ininterrumpida, hasta que el 28 de octubre de 2010, los demandados que pertenecen a las comunidades Siñani, San Miguel y Pailón, mal asesorados e informados, alegando que la propiedad “no se encontraba en el sistema del INRA” (sic); lo avasallaron, sin saber que se lo adquirió a través de la venta judicial, utilizando la fuerza, cortando alambres, amenazando a los trabajadores con quitarles la vida, apostándose en ambos sectores de la carretera ya que la propiedad se encuentra dividida en dos por la carretera transcontinental; se hallaban además, realizando una lista y colocando a sus hijos mayores para repartirse el terreno, ocasionando graves daños económicos a la empresa que representa ya que estas tierras se encuentran trabajadas y listas para ser sembradas.

Las certificaciones e informes de inspección realizadas por el Corregidor de Pailón y por funcionarios de la policía de ése lugar, a requerimiento del Fiscal de Materia, demostraban el avasallamiento, habiendo puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público, con asiento en Cotoca y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz.