SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0046/2013

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición” (lo resaltado nos pertenece).

En ese orden, el ejercicio del derecho de petición, como facultad de toda persona individual o colectiva de formular o requerir el pronunciamiento de la  administración pública o privada, a efectos del control tutelar plural de constitucionalidad por este medio de defensa, deberá enmarcarse dentro de los requisitos exigidos por la citada Sentencia Constitucional, razonamiento que se asume, bajo la comprensión que se realizó en función al actual texto constitucional.

Dado el carácter informal de este derecho fundamental y según se tiene del art. 24 de la CPE, para su ejercicio no se requiere más que la identificación del peticionario, lo que significa, señalar o indicar de manera precisa los datos personales, a objeto de conocer su identidad, teniendo presente que en ningún caso la citada disposición constitucional exige la presentación de documento alguno, lo que en su caso, resultaría contrario a su carácter informal, considerando que se pretende lograr se efectivice, con la finalidad de posibilitar el ejercicio de otros derechos que pudieran depender de la respuesta a obtener de la petición formulada -como el derecho de acceso a la información, acceso a documentos públicos y a la libertad de expresión-. Ahora bien, la informalidad en el derecho de petición, no implica de manera alguna, que el mismo se ejerza de manera arbitraria, a través de la solicitud de información o proporción de documentación con la simple identificación, sino que debe acreditarse el interés legal, lo que significa, demostrar que la información peticionada esté directamente vinculada sea positiva o negativamente con el ejercicio de algún derecho o interés legítimo de su persona o de quien represente.