SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1697/2013
Fecha: 10-Oct-2013
denegó
La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 66 de 5 de abril de 2013, cursante de fs. 208 vta. a 210, por la que denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) La Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial, el 9 de enero del 2013, se apartó del conocimiento del proceso de quiebra, por excusa, por la causal del art. 3.9 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF); Jesús Chuquimia Ceballos, Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial envió en consulta la excusa, que fue revocada por el superior en grado; sin embargo, el art. 4 de la LAPCAF, establece que aun desapareciera la causa de la excusa o recusación que la originaron, el proceso, continuará ante el siguiente en número, no pudiendo retomar o volver el proceso ante la Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial; y, ii) Quien debió ser demandado en la presente acción, debió ser el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial, por lo que, la demanda adolece de falta de legitimación pasiva, conforme al art. 129.IV de la CPE, correspondiendo se declare improcedente, sin ingresar a considerar el fondo, siendo la omisión de carácter formal, subsanable en el plazo de los seis meses; en ese sentido, la SCP 0871/2012 de 20 de agosto, determinó que la acción debe ser dirigida contra los funcionarios que ocasionaron la lesión al derecho o garantía constitucional que se encuentre desempeñando esa función o contra la autoridad que pueda subsanar o enmendar el supuesto acto ilegal, lo que hace inviable al concesión de la acción de amparo constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una 'administración de justicia' extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de 'potestad' antes que de 'servicio', sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional,
- En ese parámetro, en el constitucionalismo plurinacional comunitario la protección de los derechos fundamentales debe ser realizada al margen o por encima de las formalidades
- subjetiva como objetiva, es decir como fundamento de todo nuestro sistema constitucional.
- la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales
- III.2.Los principios de la potestad de impartir justicia para la superación
- verdad material
- garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales
- no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material,
- “…una vivificación del valor superior 'justicia' la obligación, en la tarea de administrar justicia, de procurar la realización de la 'justicia material', como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia
- e constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción
- como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.
- principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material
- III.3. El recurso de reposición bajo alternativa de apelación a la luz de los principios para
- Ahora bien, este Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de configuración del Estado Plurinacional (art.1 de la CPE) de manera reiterada ha determinado que en un Estado Constitucional de Derecho el principio de constitucionalidad se superpone al principio de legalidad (Por todas la SCP 0112/2012) y que ello significa entre otras concepciones, en el plano procesal, la prescindencia de formalismos y ritualismos procesales en cualesquier materia cuando se trate de materializar derechos fundamentales y garantías constitucionales o cuando de su estricta observancia dependa su sacrificio.
- atendiendo el principio de constitucionalidad, el principio pro actione y el principio iuria novit curia, deberá a efectos de materializar el derecho a impugnar una decisión judicial consagrado en el art. 180.II de la CPE conceder la apelación en el efecto devolutivo y rechazar la reposición
- .
- Fragmento 32
- III.4. Análisis en el caso concreto
- III.3.1. Otras consideraciones