SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2020/2013

Al respecto, cabe precisar que el Jueza de la causa tiene la facultad de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y específicamente de los actos del Ministerio Público y de los funcionarios policiales, conforme lo previsto por el art. 54 inc. 1) del CPP, modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010- y el art. 279 del Código adjetivo Penal, por ello el accionante, antes de acudir a la jurisdicción constitucional debió agotar la vía reclamando su actuación al propio Juez de la causa a fin de que la situación observada, sea enmendada de tal forma que el control de la investigación no resulte un mero enunciado o simple formalismo, sino el establecimiento de un mecanismo sencillo, específico, idóneo, eficiente y oportuno al cual puede acudir todo imputado para el restablecimiento de sus derechos presumiblemente afectados. En ese entendido la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0865/2003-R de 25 de junio, entre otras, ha señalado que el juez cautelar: “…tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las normas del Código procesal penal; por ello, toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad” (Las negrillas son agregadas).