AUTO CONSTITUCIONAL 058/2013-RCA-SL

Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).

Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos” (las negrillas son agregadas).

Por lo referido líneas arriba, se concluye que la acción de cumplimiento tiene naturaleza subsidiaria, ya que con carácter previo a su formulación es imprescindible el agotamiento de los mecanismos idóneos, ya sea en vía administrativa o judicial, con el objeto que la autoridad pública, en su caso, si correspondiere, pueda reparar a través del cumplimiento de la norma, los derechos de las personas, conservando el carácter subsidiario de acuerdo a lo previsto por los arts. 94 y 96 de la LTC; y, en concordancia con esta naturaleza, el art. 89 de la citada Ley, desarrolla los casos de improcedencia, que confirma la esencia subsidiaria ya desarrollada.