SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0062/2013-L
Fecha: 12-Mar-2013
1)
Elías Fernando Ganam Cortez, Vocal de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 186 y vta., manifestando lo siguiente: 1) A tiempo de dictar la Resolución 13/2010, venida en apelación incidental dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juvenal Claure Severiche contra Benigno Primentela Soruco y otros por el delito de estafa, no ha vulnerado ningún derecho o garantía constitucional ya que sus actuaciones se han ceñido en estricta aplicación de la Constitución Política del Estado y la norma; y, 2) El accionante refiere que se ha vulnerado el derecho al trabajo digno y la protección efectiva al ejercicio del mismo, sin considerar que la resolución dictada por el Juez a quo, que fue declarada firme y subsistente por esa Sala. Por lo que se ratificó en la Resolución 13/2010 de 27 de agosto.
Felix Peralta Peralta, Vocal de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de La Paz, presentó informe escrito cursante a fs. 184 manifestando lo siguiente: la presente acción de amparo constitucional se interpuso en la gestión 2011, en la cual su persona no se encontraba ejerciendo las funciones de Vocal, por lo que mal podría informar sobre los fundamentos de la referida acción.
El tercero interesado Juvenal Claure, presentó informe oral en audiencia manifestando lo siguiente:1) Existe una incongruencia en el planteamiento de la acción de amparo constitucional, por un lado manifiesta que el 8 de diciembre de 2009, solicitó de manera expresa la regulación de honorarios profesionales, por otro lado en la parte final de la acción pide se deje sin efecto las resoluciones 06/2010 y 13/2010; 2) A pedido del perito dirimidor las partes hicieron un depósito, por lo que, cancelaron los honorarios, dando cumplimiento a la determinación del Juez Liquidador, el trabajo efectuado por él no ha sido un trabajo permanente ha sido por 30 días, de lo que pretende cobrar el 10% de la cuantía, no existe una norma legal que obligue al pago en el porcentaje pretendido; y, 3) De nuestra parte “no hemos recibido un solo centavo de CITYBANK” (sic.) que es la parte demandada, precisamente para no vulnerar el derecho al trabajo del perito y el derecho a percibir una remuneración justa conforme a la Constitución Política del Estado.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- I.4. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.
- …Respecto al debido proceso y sus alcances, se entiende como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales. En cuanto a la obligatoriedad de su respeto
- está compuesto por elementos como el derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a no ser juzgado sin dilaciones indebidas,
- «Conforme prevé el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa; respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Además, este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.
- 'Toda persona tiene derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna'.
- '…Derecho de naturaleza social y económica que significa la potestad o derecho que tiene toda persona según su capacidad y aptitudes, a buscar un trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo, claro está de conformidad a las circunstancias y exigencias del mismo, y según el orden normativo que lo regula, de tal manera que en base a este derecho quien desarrolla la actividad física o mental pueda procurarse su propia manutención como la de su familia, para subsistir en condiciones mínimas de dignidad humana¿'.
- que respecto a la 'seguridad jurídica' como principio expresó que cuando se alegue la vulneración de la misma como derecho, no es posible conceder la tutela, dado que está instituida en la Constitución Política del Estado, como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, al señalar:
- cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: “A la vida, la salud y la seguridad”, a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del “derecho a la seguridad jurídica” como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE).
- «El principio de legalidad en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración. Sin embargo, actualmente dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que dicho principio supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma».
- III.6.Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR