SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2013-L

En su condición de funcionario público desde hace más de cinco años en otros cargos y desde hace un año aproximadamente fue designado como Asesor de trámites en la Alcaldía de Tiquipaya, mediante memorándum J.RR.HH.H.A.M.T. 010/2011 de 15 de febrero, emitido por la autoridad demandada, quien  inesperadamente lo despidió de su fuente laboral, sin previo proceso administrativo o causa alguna que amerite su despido, causándole graves agravios y perjuicios potenciales de toda índole, sin tomar en cuenta que su esposa Juana Vargas Guardia se encontraba embarazada, lesionando de esa forma sus derechos al trabajo, inamovilidad, estabilidad laboral, a la vida y salud de su esposa y principalmente de su hijo en gestación, razón por la que al día siguiente mediante una carta solicitó reconsideración de la decisión, haciendo conocer que su esposa se encontraba en estado de gestación por lo que gozaba del beneficio de inamovilidad laboral previsto por el art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE), el Decreto Supremo 012 de 19 de febrero de 2009, solicitando su restitución a su puesto de trabajo, sin recibir ninguna respuesta.

Después de varias solicitudes verbales el 24 de febrero de 2011, presentó otra solicitud escrita reiterando se deje sin efecto el mencionado memorándum  y le restituyan a su puesto de trabajo las cuales no merecieron ninguna respuesta constituyéndose estos actos en omisiones y restricciones de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.